Clavijo vuelve a Bruselas en busca de apoyos para limitar la compra de vivienda a extranjeros con el rechazo de su socio de gobierno, el PP

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), viajará esta semana a Bruselas para desplegar una “intensa” agenda que tiene como fin buscar un trato “diferenciado” para el archipiélago en materia de vivienda, así como avanzar en la “búsqueda de aliados para reforzar” la defensa de los intereses de las islas dentro de la Unión Europea (UE), donde el Gobierno canario ha anunciado, desde comienzos de este año, que buscaría respaldos para aprovechar la condición de Región Ultraperiférica (RUP) e intentar limitar la compra de inmuebles a extranjeros, que acaparan un porcentaje que duplica al de la media del país, con casi una de cada cuatro propiedades vendidas.

Una “medida clave” del Gobierno de Clavijo, pero no del PP (partido con el que cogobierna), ya que el pasado 6 de mayo, en la comisión de Insularidad del Senado, votó en contra de una iniciativa presentada por la Asociación Socialista Gomera (ASG), que precisamente es uno de los cuatro partidos que conforman el Gobierno canario, para establecer un marco normativo que limite, regule o condicione la compra de vivienda por parte de ciudadanos no residentes en Baleares y Canarias.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha sido el encargado de anunciar la “intensa” agenda de Clavijo en su próximo viaje a Bruselas, quien aprovechará “la ventana de oportunidad” normativa y financiera que se abre en la UE con la negociación del nuevo período financiero y la actualización de la estrategia de las regiones ultraperiféricas.

Una parte importante de la agenda del presidente canario consistirá en intervenir ante el comité europeo de las regiones, que debate el dictamen de las RUP ante un plan de vivienda asequible que es “prioritario” para el Gobierno canario, ha añadido Cabello.

A su vez Clavijo tiene previsto reunirse con el eurodiputado Borja Jiménez, que es ponente del informe sobre la crisis de la vivienda en la UE.

“Se está haciendo un despliegue político importante, a primer nivel, para que las singularidades canarias tengan su encaje y refuerzo en la UE”, ha señalado el portavoz del Ejecutivo.

Al mismo tiempo Clavijo ha concertado una reunión con la vicepresidenta tercera de la Comisión, Teresa Riera, para ahondar en asuntos como las energías renovables, la tasa verde y su incidencia en el transporte aéreo y marítimo que, ha dicho, afectará de manera significativa a las RUP.

El Gobierno canario ha expresado su preocupación de que en la nueva estrategia “se diluya” el papel de las RUP en el contexto de la UE pero en la información trasladada por fuentes comunitarias se indica que “ni mucho menos va a ser así y se va a adoptar un camino con cinco ejes de trabajo” para estos territorios, ha apostillado Alfonso Cabello.

Controlar el crecimiento poblacional y favorecer el acceso a la vivienda

Fernando Clavijo manifestó el pasado mes de marzo en el Parlamento regional que “con unidad política, es posible contar con una Ley de Residencia en Canarias que permita controlar el crecimiento poblacional y favorecer el acceso a la vivienda”. Tras un año de reuniones y grupos de trabajo para analizar el reto demográfico, esta medida había sido defendida con anterioridad por Coalición Canaria (CC), que la llevó en la campaña de las elecciones europeas, pero el partido nunca ha detallado cómo la llevará a cabo ni qué implicaría esa hipotética norma.

Se trata de una idea que se suma a otra en la que ha incidido el líder del Ejecutivo en las últimas semanas: limitar la compra de viviendas a no residentes. Dos iniciativas que mezcló en abril de este año el portavoz Alfonso Cabello, al decir que apuesta por abordar esa medida a través de “una especie” de ley de residencia. 

¿Pero es viable una Ley de Residencia? Desde el punto de vista jurídico, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL) Fernando Ríos Rull destaca que con el actual estatus de Canarias como región ultraperiférica (RUP) “es bastante complicado”, porque “somos europeos a todos los efectos”.

Asimismo, añade que hay un segundo componente y es que esa norma puede afectar a los españoles. “No se podría aplicar a europeos y españoles no. Es decir, si hay algún tipo de limitación la diferencia es entre residentes y no residentes, no internacionales y no nacionales”, apunta. De hecho, la Constitución española establece que “los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”. 

El profesor agrega que hasta ahora el anuncio es demasiado simple, no se profundiza ni se ponen las cartas sobre la mesa. Si quisiera adoptarse una ley de estas características, Rull subraya que habría que cambiar el estatus de Canarias de RUP a PTU (Países y Territorios de Ultramar) y ahí sí que se podrían poner limitaciones.

En cualquier caso, remarca que la clave es cambiar el modelo económico, pasar de uno desarrollista a otro que lo sea menos. “¿Para qué quieres una ley de residencia si vas a tener que traer trabajadores de fuera?”, se pregunta el profesor de Derecho Constitucional, que agrega que este modelo es el que ha llevado a necesitar mano de obra de fuera de las Islas y a que los empresarios digan que no cuentan con suficiente mano de obra para ocupar los puestos de trabajo que genera el turismo. Rull también apunta a que es necesario un consenso social, ya que hay islas que pueden crecer, pero se necesita “planificación”.