La Consejería de Obras Públicas de Canarias cerró 2021 con casi el doble de inversión gastada que en 2018
El Gobierno de Canarias ha informado este viernes de que, en todo 2021, ejecutó un presupuesto en Obras Públicas y Transporte de 373 millones de euros, casi el doble de los 188 que gastó el Ejecutivo en 2018, último año en que estuvo presidido por Coalición Canaria.
Así lo ha anunciado el consejero del área, Sebastián Franquis, quien, al hacer balance del desembolso que efectivamente hizo el Gobierno en materias de su departamento el pasado ejercicio en comparación con el que tenía previsto en principio en los presupuestos aprobados para el mismo, ha destacado que esos 373 millones suponen un 83,91% de los 444 inicialmente asignados en las cuentas de 2021.
Aún mayor, del 107,6%, fue el grado de ejecución de los fondos destinados a la tercera área de su responsabilidad, el Instituto Canario de la Vivienda, que llegó a emplear 130,7 millones de euros, cuando al comenzar el año solo se le habían destinado 121 millones, ha subrayado.
Esas cifras hacen que el Gobierno que ahora preside el PSOE esté, en líneas generales, “satisfecho” con la gestión desarrollada en la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, pues “cumple el objetivo” y, en algunas materias, “con creces”, ha declarado su titular, aunque matizando que tampoco se ha llegado a un grado de “satisfacción plena” porque quedan diversos proyectos pendientes de poner en marcha o definir incluso.
Franquis ha insistido en que su departamento, que acapara “en torno al 37% de la inversión pública de la Comunidad Autónoma”, si se compara con la última etapa en que era responsabilidad de Coalición Canaria, “en los grandes números ha avanzado, con una mejora importante respecto a lo que se gastaba en años anteriores”.
Falta de proyectos redactados en carreteras
Franquis ha planteado que el volumen de dinero ejecutado por su consejería en 2021 no fue incluso mayor porque en el Gobierno anterior, el de Fernando Clavijo, “faltó planificación” en cuanto a las obras para las que se reclamaba financiación estatal en el marco del convenio de carreteras.
Así, pese a que entonces se pactó un compromiso de costear 69 actuaciones en total, a la hora de ponerlas en práctica, una vez conseguidos los fondos necesarios, los gobernantes actuales se han encontrado -ha explicado Franquis- con que “no hay proyectos”, sino “solo una relación de títulos” de las vías a construir.
Franquis ha detallado que si bien entonces no tenían la financiación estatal para los trabajos de construcción, “sí había dinero para pagar los proyectos” y tenerlos listos para no demorarse cuando se recibiera, cosa que no se hizo y que ha afectado a la ejecución actual.
Salvo en el caso de dos obras que sí los tenían ya redactados, ha añadido, ha sido imposible comenzar con trabajo alguno en espera de que estén disponibles los correspondientes proyectos, que, de media, suelen tener un plazo de redacción de unos diez meses al menos y no pueden ejecutarse sino tras varios meses más, pues han de pasar luego los preceptivos trámites de evaluación medioambiental y, finalmente, ser adjudicados mediante un proceso de licitación, ha resaltado.
Frente a esa situación, Franquis ha asegurado que los gobernantes actuales, convencidos de que “la Comunidad Autónoma tiene que prepararse para que cuando los ingresos lleguen tengamos capacidad de invertirlos”, ha encargado ya la redacción de 22 proyectos más, que espera puedan comenzar a hacerse realidad a finales de este año o comienzos del próximo.
Su proceder, ha recalcado, hará que el escenario que se encuentren quienes ocupen el Ejecutivo en la próxima legislatura en ese capítulo sea mejor que la que sus responsables de ahora hallaron al asumir sus puestos, pues dispondrán de proyectos listos ya “para que el Gobierno tenga capacidad de licitar” sin verse obligado a aguardar, como ha ocurrido en esta ocasión.
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