Convalidado el decreto para ampliar el plazo de penalización a las empresas eléctricas por los apagones en Canarias

El Parlamento de Canarias ha convalidado este martes por unanimidad el decreto ley del Gobierno para modificar la Ley 11/1997 de regulación del sector eléctrico canario, concretamente en su apartado de sanciones para dotar al Ejecutivo de plazos más amplios para poder sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas responsables de apagones.

Tras su aprobación, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha agradecido a la Cámara regional el consenso y ha recalcado que el decreto responde al interés general y a la voluntad de aplacar situaciones como el cero energético del pasado verano en La Gomera u otros experimentados en Tenerife en años anteriores.

También ha señalado Zapata que el objetivo de la modificación no era otro que reforzar la seguridad jurídica y garantizar un sistema eléctrico justo y equitativo que acabase con las incoherencias en los plazos de caducidad de los procedimientos administrativos y la prescripción de sanciones.

Asimismo, el consejero ha abogado por seguir en la línea acelerar la penetración de las renovables y ha asegurado que su Departamento no renunciará a la descarbonización de Canarias.

El motivo de este cambio legal es que la Ley que regula el régimen sancionador cuenta en su artículo 19 con tres mecanismos sancionadores: la infracción, la sanción y el procedimiento sancionador, siendo los dos primeros competencia de la Ley Estatal y el tercero competencia de la Ley de Procedimiento Administrativo común.

Dado que la Ley Estatal cuenta con plazos más extensos (hasta dieciocho meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (solo tres meses), lo que planteaba el Gobierno era la modificación mediante decreto ley del artículo 19 de esa norma para que, en caso de necesidad, el Gobierno canario pueda contar con plazos más amplios.

De este modo, la nueva redacción, que ha contado con la participación de los grupos parlamentarios, ha modificado los artículos 19 y 21 y suprime los artículos 20 y 22.