La denuncia del caso padrón ya está en Fiscalía
La anunciada denuncia por el conocido como caso padrón ya ha sido presentada en la mañana del miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife.
Los concejales de Sí se puede, Pedro Arcila y Asunción Frías, consideran que en este fraude se puede haber incurrido en una posible prevaricación, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y delito electoral. Los hechos han sido dados a conocer durante los últimos meses en los medios de comunicación y se refieren a la inscripción desde el año 1996 en el padrón municipal de alrededor de 15.000 personas cuyo documento nacional de identidad nunca ha existido. Los concejales consideran que no se puede hablar de un simple error administrativo sino en realidad de un acto “consciente de adulterar de manera abultada y directa” este listado. El supuesto fraude además tendría una relación con el censo electoral que se ha tomado como referencia en los comicios celebrados desde esa fecha.
Los concejales descartan que los hechos puedan tener un origen anterior a 1996 ya que fue en este año cuando se llevó a cabo la última renovación completa del padrón y por lo tanto los errores que existieran previamente tenían que haber sido depurados en aquel entonces. En el año 2009 el Instituto Nacional de Estadística (INE) tuvo por primera vez acceso directo a la base de datos del Ministerio del Interior donde se guardan los números de los documentos de identidad. A partir de aquí se fue constatando que el fraude podía ascender a casi 18.000 personas, aunque en general siempre se ha tomado la cifra de 15.000 como media.
Casi todos ellos mantenían un patrón común; se correspondían a inscripciones realizadas en 1996, los ciudadanos no habían realizado nunca ningún tipo de trámite administrativo y formaban parte de núcleos familiares compuestos por alrededor de cinco personas. Otras coincidencias extrañas eran, por ejemplo, que los tomos donde se encontraban registrados sus datos tenían más de mil páginas, frente a los habituales que no superaban esta cantidad.
Desde 2010 el INE requirió de forma incansable al Ayuntamiento para que presentara la documentación que demostrara la existencia real de estas personas sin ningún resultado. Al contrario lo que se recibían eran excusas sobre la imposibilidad de realizar este trabajo por motivos como falta de personal o la celebración de elecciones. Lo que para los concejales supone más bien un intento de ocultar los hechos al ser los dirigentes municipales plenamente conscientes de las irregularidades. No fue hasta 2013 cuando se comenzaron a remitir cartas a cada uno de estos supuestos vecinos para que verificasen su existencia.
Sin embargo, al parecer estos movimientos fueron más aparentes que reales ya que las cartas no estaban certificadas y existen contradicciones sobre su número y fechas de envío. Desde el Departamento de Negociado y Población se aseguraba que en 2012 ya se habían dado de baja a 1.000 personas por estos motivos con lo cual la cifra ya ascendía a más de 13.000.
Hasta la semana pasada no se había confirmado si la denuncia iba a abarcar también el supuesto delito electoral lo que ahora se confirma. Sí se puede decidió acudir a los tribunales después de que el pleno municipal rechazara concretar una fecha para la creación de una comisión de investigación sobre estos hechos, aunque desde el grupo de gobierno se garantizaba que sí se pondría en marcha. La semana pasada también trascendió que la investigación interna que está realizando el Ayuntamiento se ha dado de frente con la imposibilidad de contar con más medios materiales y humanos con lo cual ya se han incumplido los plazos que inicialmente se barajaban. Aunque las diligencias son secretas se sabe que ya han declarado quince personas a las que se les ha realizado grabaciones por espacio de 100 horas.
