El dictamen del 'caso Amorós' huye del informe de la Audiencia de Cuentas

El pleno del Parlamento de Canarias vota este miércoles el dictamen de de investigación del denominado caso Amorós, relativo a la gestión del que fuera director general del Tesoro y Política Financiera, Alberto Amorós, en la anterior legislatura, cuando el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, era consejero de Economía y Hacienda, área a la que está adscrita del Tesoro.

de investigación arrancó el 25 de abril del pasado año, con el Informe de Fiscalización de y de de del ejercicio 2002 como herramienta fundamental. En este informe figuran 29 conclusiones referidas a las actuaciones de En cuanto a personal, según el documento de de Cuentas, las necesidades de personal en del Tesoro y Política Financiera están suficientemente cubiertas, a excepción del Negociado de conciliaciones bancarias, y se considera que el personal de en el Tesoro y Política Financiera “es insuficiente para las tareas que le deben ser encomendadas”.

Entre otras conclusiones, el referido domcumento indica que “no ha realizado las funciones de control interno sobre la gestión diaria de del Tesoro y Política Financiera, imposibilitándose, por tanto, un mayor control sobre la gestión del área del Tesoro”. Según de Cuentas, “ no ha efectuado en los últimos diez años el control de las conciliaciones bancarias, al menos hasta el 31 de diciembre de 2002, sin que pueda servir de justificación el reiterado obstruccionismo de del Tesoro y Política Financiera”.

“Tal hecho -a juicio de de Cuentas- debió ser puesto de manifiesto por al entonces consejero de Economía, Hacienda y Comercio, en base al artículo 13 del Decreto 28/1997, que estipula que dará cuenta al Gobierno, a través de la consejería competente en materia de Hacienda, de los resultados que por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo, o cuando los responsables de la gestión no adopten las medidas correctoras propuestas”.

El órgano fiscalizador detectó que no había elaborado ningún manual de procedimientos para la fiscalización específica que debe existir sobre del Tesoro y Política Financiera, que este órgano tampoco había desarrollado “un plan de Tesorería que determine una previsión cierta de los cobros y pagos para la correcta gestión financiera de los fondos públicos” y que era “excesivo” el tiempo que transcurre sin depurarse algunas cuentas del estado extrapresupuestario “Partidas pendientes de aplicación”.

280 cuentas corrientes a cargo de Tesorería

Uno de los datos más llamativos del informe fiscalizador es que del Tesoro y Política Financiera tenía a su cargo 280 cuentas corrientes, “cifra excesiva para una correcta gestión de , en especial las restringidas de recaudación y las recaudatorias en fase ejecutiva”. Es más, no se estableció ningún procedimiento donde, garantizando la concurrencia y las mejores condiciones para , se permitiera seleccionar una única entidad financiera para las numerosas cuentas de habilitaciones de canaria, al objeto de obtener un mejor aprovechamiento financiero de los fondos públicos.

Según el informe de de Cuentas, “la dirección general no ha efectuado de forma satisfactoria las conciliaciones bancarias, que constituyen un valioso instrumento de control de y para la correcta contabilización de los cobros y pagos. Hasta 2003 no se han conciliado la totalidad de las cuentas, entre ellas las del Banco de España, no se han depurado las conciliaciones realizadas y se ha impedido a la fiscalización de las mismas”.

Se detectó que el estado de situación de fondos “no ha reflejado en los últimos ejercicios la realidad de de de , debido a la ausencia de depuración de las conciliaciones de las cuentas corrientes y a la contabilización como disposición de fondos de la mera firma de un contrato de póliza. Esta ausencia de control por parte de del Tesoro y Política Financiera y de , ha determinado tanto la existencia de gastos cargados en cuenta sin la previa ordenación del gasto y del pago, como la formalización de ingresos inexistentes”.

Auditoría paralizada y trabajo de Andersen Consulting sin contrato ni verificación

de Servicios paralizó la auditoría de gestión de del Tesoro y Política Financiera (establecida en su plan anual de inspección para 1997), ya que la consultora privada Andersen Consulting S.A. estaba realizando un proyecto denominado Definición de procedimientos del área del Tesoro e implantación de una aplicación informática para la gestión de Tesorería. Según el informe de , “no existe expediente administrativo alguno de contratación, ni gasto. Por tanto, estaríamos ante un contrato verbal instado por del Tesoro y Política Financiera. de Servicios no verificó el resultado final del trabajo realizado por la empresa Andersen Consulting S.A.”.

“No obstante haber comunicado Técnica de la entonces Consejería de Economía, Hacienda y Comercio que el proyecto señalado en la conclusión anterior fue realizado de modo gratuito, se ha verificado un pago de fecha 30 de julio de 1997 por parte del Banco Central Hispanoamericano, de 270.455 euros a la empresa Andersen Consulting S.A., hoy Accenture, S.L.”, se indica en el informe. Accenture S.L. y Dell Computer fueron las empresas adjudicatarias del programa Medusa, .

“El pago de la citada factura se deriva de la existencia de una oferta contractual de patrocinio efectuada por el Banco Central Hispanoamericano, en fecha 30 de junio de del Tesoro y Política Financiera, quien posteriormente la aceptó según demuestran los hechos comprobados por esta Audiencia. En efecto, a cambio de una serie de pagos por liquidaciones de seguros sociales y de aplicaciones trimestrales del Impuesto sobre de las Personas Físicas, la citada dirección general ha podido disponer de 450.759 euros a través del Banco Central Hispanoamericano (según información suministrada por el Banco Santander Central Hispano y especificada en algunas de las facturas) por el cual esta entidad financiera ha abonado al menos diversas facturas por un total de 461.207 euros, cantidad incluso superior a la establecida en dicho acuerdo”, se aclara en el informe.

Por tanto, según de Cuentas, “se han producido unos ingresos derivados de la gestión de de que no se han aplicado al presupuesto. Dichos ingresos han servido para abonar diversas facturas autorizadas expresamente por el director general del Tesoro y Política Financiera”.

Este acuerdo no fue remitido por de , sino que la información se obtuvo por la propia entidad financiera. No obstante, tanto para dicha entidad financiera como para de Economía y Hacienda, 2la justificación de estos pagos realizados al margen del presupuesto es consecuencia del 'Convenio entre el Gobierno de Canarias, y las entidades de crédito operantes en las Islas Canarias, para establecer un marco a las entidades financieras de las operaciones activas y pasivas', de fecha 22 de marzo de 1996, con una addenda de 16 de junio de 1997, la cual prorroga la vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de .

Sin embargo, para de Cuentas, “dicho convenio no es causa esgrimible del acuerdo anteriormente mencionado, pues en ninguna cláusula se especifica la no incorporación al Presupuesto de de ingresos financieros derivados de la gestión de , a cambio de la libre disposición, por de Economía y Hacienda, de dichos rendimientos para pagos al margen de la voluntad presupuestaria establecida legalmente. Destacar, a su vez, que dicho convenio no ha tenido en cuenta algunas de las observaciones jurídicas señaladas en los informes de la asesoría jurídica departamental, así como de ”.