Dificultades jurídicas para la creación de la ACIISI
La Creación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y, especialmente, la posible disolución del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la transferencia de su personal a la ACIISI, se enfrentan a diversos inconvenientes y dificultades jurídicas, no sólo por las denuncias de los trabajadores, en relación con la irregular disolución del ITC y la vulneración de la legislación laboral en materia de cesión de trabajadores y sucesión de empresas, sino por los evidenciados por los propios Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias.
Los Servicios Jurídicos señalan en un informe la “ausencia” de una legislación específica que regule la creación de este tipo de entidades en Canarias, la asunción de competencias, que no le corresponde a la Comunidad, y las escasas garantías jurídicas en la gestión, frente a terceros de competencias administrativas en el ámbito de las telecomunicaciones.
Así mismo, el informe de los Servicios Jurídicos resalta las dudas sobre el cumplimiento de los principios de eficacia y economía en la gestión pública en un organismo, como la ACIISI, con una importante complejidad organizativa, en la que convivirían funcionarios, personal laboral del la Comunidad y empleados propios sin un convenio definido. Por otro lado resalta también la escasa seguridad jurídica derivada de la fórmula establecida para la disolución del ITC y la integración de los trabajadores de esta empresa pública en la Agencia, algo que podría ser fuente de conflictos.
A estas dificultades habría que sumar las “serias dudas que despierta la creación de una Agencia en un entorno de crisis económica, en el que las políticas de reducción del déficit y del gasto público son los ejes básicos”. El propio decreto del Gobierno de España de medidas extraordinarias para la reducción del déficit bloquea la creación de nuevas agencias públicas.
La ACIISI, bajo la figura actual de Dirección General adscrita a la Consejería de Presidencia, ''no se ha mostrado como una alternativa eficaz en la gestión en materia de ciencia e innovación''. Las convocatorias públicas del Plan Canario de I+D ''mantienen un amplio retraso, se acumulan las denuncias por irregularidades en diferentes programas de innovación y es dudoso su impacto real en la diversificación del tejido empresarial de las Islas o en la promoción de los grupos y centros de investigación canarios''. Ni tan siquiera ha conseguido una integración real de los diferentes organismos públicos de I+D directamente dependientes de la Comunidad.
Sostienen que a creación de la Agencia ha venido a poner en cuestión la propia viabilidad de entidades claves en la política científica y de innovación de las Islas, como el ITC, ''generando una importante conflictividad laboral y utilizando recursos y personal de esta empresa sin un adecuado marco regulatorio, como han denunciado reiteradamente los sindicatos“.
Consideran que la ACIISI ''no ha conseguido articular una interlocución eficaz con los principales agentes sociales e institucionales en materia de ciencia e innovación'', como así lo evidenciaba el informe del Consejo Económico y Social de Canarias en relación con el borrador del anteproyecto de ley de creación de la Agencia, en el que se criticaba la exclusión de las políticas científicas gestionadas por la ACIISI de los sindicatos, los empresarios e, incluso, de las propias universidades, principales actores de la I+D en Canarias. Por lo que consideran que ''más que contribuir al orden y la coordinación de las políticas de I+D en las Islas, la ACIISI ha sembrado el desconcierto y la inseguridad jurídica“.
