El Diputado del Común desmantela el equipo de juristas de la institución para 'enchufes' del PP y el PSOE
El nuevo Diputado del Común, el doctor en Periodismo Rafael Yanes, ha tenido que desmantelar gran parte del equipo de juristas de la institución para hacer hueco a la demanda de compromisos del Partido Popular y del Partido Socialista, que pactaron junto a Coalición Canaria la renovación de los organismos dependientes del Gobierno de Canarias.
Algunos de los técnicos destituidos (“asesores”, según la terminología utilizada en la ley que regula el Diputado del Común) llevan ocupando esa plaza veinte años, es decir, fueron nombrados por Fernando Giménez y renovados sucesivamente por Manuel Alcaide y Jerónimo Saavedra. “De todos ellos me ha dado muy buenas referencias mi antecesor”, ha dicho a este periódico Rafael Yánes, pero las imposiciones de los tres grupos parlamentarios que negociaron e impusieron la nueva composición del Diputado del Común, de la Audiencia de Cuentas y del Consejo Consultivo, le obligan a prescindir de al menos cinco de los doce que hasta ahora formaban parte de ese equipo de técnicos, que son los responsables de elaborar todos los informes de la institución.
La ley del Diputado del Común convierte a estos asesores en personal eventual, que cesa cuando cesa el titular del organismo, por lo que ninguno tiene derechos laborales consolidados. Cosa distinta es que una renovación tan profunda que afecta al núcleo duro del equipo jurídico pueda acarrear consecuencias a los expedientes en trámite.
Algunos de los nuevos nombramientos como asesores resultan verdaderamente llamativos. Por ejemplo, el PSOE ha impuesto a Carmen Duque, hasta ahora asesora de la alcaldesa de Arrecife, la socialista Eva de Anta, al frente de una Corporación que precisamente ha sido calificada como la más obstruccionista con el Diputado del Común en su último informe anual. Este nombramiento se le atribuye a la portavoz del PSOE en el Parlamento, la lanzaroteña Dolores Corujo.
Otra asesora, abogada en ejercicio, se enteró apenas 48 horas antes de su designación para el Diputado del Común sin ni siquiera haber optado jamás a ese puesto. A esta letrada se le vincula directamente con el equipo del secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, en su ciudad natal, Arucas. La nueva letrada sustituye a uno de los asesores más queridos de la casa, el exfutbolista Luiso Saavedra, que siempre destacó por su experiencia para el trato directo con los ciudadanos demandantes.
El salario de un asesor del Diputado del Común es de 50.000 euros brutos al año.
En principio no estaba previsto que Rafael Yanes tuviera que hacer tantos huecos en la plantilla oficial de la institución, máxime teniendo en cuenta que su antecesor, Jerónimo Saavedra, fue propuesto también por el PSOE y que, además, transmitió a su sucesor su plena satisfacción con todos los técnicos de la casa.
Pero la imposición del entorno de Ángel Víctor Torres y, a última hora, la petición del Partido Popular de contar con más cargos, ha obligado a desplazar a más profesionales.
Esta nueva etapa del Diputado del Común ya nació marcada por el modo en el que fue elegido Rafael Yanes para el cargo: un compromiso del secretario general del PSOE por haberle respaldado en el proceso de primarias en el que resultó elegido. Él mismo lo reconoció en una reunión de la Ejecutiva regional.
Es posible que puedan producirse todavía más despidos, sobre todo a partir de que se incorporen los tres nuevos adjuntos, dos impuestos por el PP y una por el PSOE, y descubran que hasta los auxiliares administrativos que estarán a su disposición (secretarios y secretarias) han sido seleccionados por el nuevo Diputado del Común.
Coalición Canaria se ha conformado con el cargo que hasta ahora venía ocupando su hombre en el Diputado del Común, Lázaro Brito, secretario general.
Más dinero
Más dineroLa incorporación de los tres nuevos adjuntos al Diputado del Común, cuyas plazas mantuvo vacantes Jerónimo Saavedra durante su largo mandato de más de seis años, ha obligado al nuevo titular de la institución a solicitar formalmente al Parlamento de Canarias un incremento presupuestario.
Cada adjunto tiene asignado un sueldo bruto anual de 60.000 euros, a lo que habría que añadir los gastos de dietas que pudieran asignárseles. En total, la estimación es de unos 200.000 euros al año, si bien Yanes solo ha pedido 100.000 para acabar este año por haber transcurrido ya la mitad. La Mesa del Parlamento abordará esta petición en su reunión del próximo martes.
Paralelamente, Rafael Yanes busca nueva sede para el organismo en la isla de Tenerife, concretamente en La Laguna, con cuyo alcalde se ha reunido para encontrar un inmueble que reúna las condiciones (accesibilidad, comunicaciones, dotaciones, etcétera). Yanes ha descartado que esté pensando en cerrar la sede oficial de la institución en Santa Cruz de La Palma, lo que exigiría una modificación de la ley porque es allí donde quedó establecida. Yanes vive en Tenerife.
