Los empresarios reclaman indemnizaciones de 601,5 millones

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha informado de que el Ejecutivo ha recibido un total de 54 solicitudes de indemnización de empresarios turísticos a través del artículo 17 de la ley de Medidas Urgentes para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo que suman un monto total de 601,5 millones de euros.

Berriel detalló en el pleno del Parlamento de Canarias que se trata de “meras solicitudes y sujetas a depuración; y en algunos casos serán inadmitidas de raíz porque ya habido pronunciamiento judicial”. Enumeró que 25 se han dado en Gran Canaria (19 en San Bartolomé y 6 en Mogán); 9 en Lanzarote (6 en Yaiza y 3 en Teguise); 17 en Fuerteventura (16 en Pájara y 1 en Puerto del Rosario); y 3 en Tenerife (Guía, Granadilla y Arona).

Asimismo el consejero explicó que 25 han sido impulsadas por un empresario, otras 3 por otro y el resto por 26 empresarios diferentes. Afirmó que solicitan indemnizaciones “evaluadas por encima”. “Hay empresarios que se han acogido, pero de lo pedido a lo arcordado irá un trecho”, insistió para resumir que “no han venido motivadas ni acreditadas las cantidades que se solicitan”. “Cuando se depuren habrá una evaluación de dónde está el problema”, dijo.

“No le quepa la menor duda de que el artículo 17 era necesario y tiene una redacción adecuada”, dijo el consejero que puntualizó que el Gobierno no llegó al consenso con los empresarios sino que se alcanzó un alto consenso social. “Eso no quita para que los empresarios que crean que pueden reclamar también estén encantados con la ley”, matizó y subrayó que “ante el vicio de pedir está la virtud de no dar”.

Berriel recordó que hace un año ya defendió la necesidad de la Ley de Medidas Urgentes. Expuso que era necesario adoptar “cautelas jurídicas” para contener la ocupación del suelo y evitar indemnizaciones. También se refirió a la seguridad jurídica para compensar derechos adquiridos del suelo propiciando cambios de uso.

El responsable de Medio Ambiente insistió en que se debe mantener la seguridad jurídica. Aquí habló de “flexibilización” de la normativa y resumió el contenido de los preceptos por los cuales le preguntaban los tres grupos parlamentarios.

Recordó de igual forma el artículo 17 de la norma que dice que “los titulares de suelos urbanos de uso turístico, así como de los suelos urbanizables sectorizados, que no hubieran quedado desclasificados y que, por consiguiente, en aplicación de la moratoria turística se mantengan inedificados, pero con sus derechos urbanísticos consolidados, mediante escrito dirigido a la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de ordenación del territorio, podrán optar en los plazos por la reclasificación, concretar convenios urbanísticos o el cambio de uso turístico”.

El diputado del PSOE, Manuel Fajardo Palarea, afirmó que existe un “continuo goteo de información” en los medios de comunicación que ocasiona “cierta desazón” sobre reclamaciones o condenas con repercusión en las arcas de la Comunidad Autónoma.

Aquí dijo Fajardo Palarea que su partido “se alineará del lado del interés general” y recordó que ya son 53 las solicitudes de indemnización tras la aprobación de la ley de Medidas Urgentes. “Se va a hacer lo posible para no mermar las arcas públicas”, dijo el socialista sobre lo que espera oír del Gobierno y anunció que le gustaría saber los nombres y apellidos de los reclamantes.

Además recordó que Berriel en su día incidió mucho en las indemnizaciones, mientras que CC se centró en los 396.000 metros cuadrados de suelo pendiente de urbanizar. También se refirió a las palabras del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en las que hablaba de evitar la especulación.

Fajardo Palarea dijo que quienes aprobaron la norma sabían que podía acarrear indemnizaciones. De ahí que esto no concilie con la “supuesta sorpresa” con la que el Gobierno ha acogido la solicitud de indemnizaciones. “Nos vendieron la ley diciendo que tenía el consenso de los empresarios turísticos y ahora resulta que Rivero anuncia que negociará para no pagar ni un solo euro de las indemnizaciones solicitadas”, argumentó.

En esta línea, expuso que el Gobierno “amenaza” con un plan B diciendo que si no se llega a un acuerdo se expropiarán terrenos. El socialista dijo que el PSOE le había advertido y que ahora cabe preguntar “a qué consenso llegaron con los empresarios que ha dado lugar a que soliciten indemnizaciones por más de 600 u 800 millones de euros”. Deseó además que se trate de “un conato de lío”. También censuró que el Ejecutivo no sepa cuántas personas jurídicas o físicas tienen derechos consolidados en este sentido después de estar dos años elaborando la ley.

“Estoy seguro de que señor Berriel va a aplicar la normativa y le va a dejar claro a los empresarios que no se indemniza por previsiones de futuro sino por la realidad del terreno. Se acabó la especulación”, aprovechó para decir el diputado del PSOE e instó al consejero a que tenga mano izquierda para alcanzar acuerdos.

Derecho a reclamar

El portavoz del grupo parlamentario de CC, José Miguel Barragán, expuso que hay personas que tienen el legítimo derecho a reclamar, pero puntualizó que ello no quiere decir que tengan derecho “a recibir”. Afirmó que se decidió ralentizar el crecimiento a través de la Moratoria y que ello supuso la desclasificación.

Barragán se preguntó por si es mejor levantar la Moratoria o que se hubieran construido hoteles o urbanizaciones. Además indicó que la decisión también se tomó porque “no podíamos atender la demanda de crecimiento de población en relación a los servicios”. Por ello abogó por ser consecuentes “con los errores que pudimos cometer”.

El nacionalista dijo que las Medidas Urgentes vienen a completar un vacío que no tenía la Moratoria. “Éramos conscientes de que se iban a dar indemnizaciones por lucro cesante”, añadió para completar que el artículo 17 viene a dar opciones para que no se acuda a los tribunales. Definió este apartado como mecanismo “potente” de negociación.

Aquí le preguntó al Gobierno si está de acuerdo con cómo se valoran las indemnizaciones. En este punto, concluyó que los hoteles actualmente “no están ganando ni de broma” la cuantía del lucro cesante de la que se habla. Propuso que podría haberse reclamado la cifra de beneficios del hotel que mejores resultados tiene y del que peor tiene y hallar la media. Fajardo Palarea coincidió con Barragán en que no está de acuerdo con la cuantía de las indemnizaciones.

El diputado del PP, Miguel Jorge, indicó que la normativa ponía muchas “cortapisas” a determinadas actividades que no afectaban al territorio. Además expuso que se recogía en las Medidas Urgentes un artículo, el 17, que buscaba evitar indemnizaciones en esta materia.

Jorge indicó que se han solicitado 600 millones y que será el Gobierno quién valorará si es “oportuno o razonable”. Aquí aclaró que también se verá si es necesaria la expropiación para uso público. Apostó por “hilar fino” para no “vernos inmersos” en nuevos procesos indemnizatorios. Negó además que se haya iniciado una segunda moratoria.

El popular subrayó que se intenta evitar las indemnizaciones “sin nada a cambio” y que la iniciativa no buscaba una foto “sino defender los recursos medioambientales de las islas y mantener la capacidad de carga turística”. “Esa foto en la que todos quisieron salir a algunos les cegó”, matizó para concluir que “no se puede estar en misa y repicando”. Por ello rechazó que se apoye quitar licencias y que cuando la justicia dice que ello conlleva indemnizaciones mirar para otro lado.