Los empresarios de Santa Brígida dejan solos al PP y Los Verdes
También los empresarios de Santa Brígida se oponen al nuevo centro comercial que trata de legalizar el Ayuntamiento de la villa, gobernado por el PP y Los Verdes, cuando está a punto de celebrarse la vista por el recurso contencioso-administrativo interpuesto en 2004 contra los acuerdos municipales por los que se otorgó una licencia declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En un documento fechado el 14 de marzo pero revelado ahora, la Asociación de Empresarios de Santa Brígida instó al alcalde del municipio, Lucas Bravo de Laguna, del Partido Popular, a “incoar, instruir y resolver el expediente de revisión de oficio del contrato de concesión del Centro Comercial por ser nulo de pleno derecho e ilegal”.
Se trata de una vieja polémica que arranca de mandatos anteriores del Partido Popular en la villa de Santa Brígida. El Ayuntamiento cedió unos terrenos localizados en el centro mismo del casco del municipio en favor de una unión temporal de empresas a la que se concedió una licencia municipal que la justicia ha declarado ilegal.
Además, a esa UTE se le exoneró del pago de alrededor de 600.000 euros de tasas municipales por la concesión de esa licencia, lo que en su día dio lugar a la apertura de diligencias penales aún por sustanciar.
La polémica del centro comercial ha estado adornada de diversos ingredientes políticos que han enredado la cuestión. En 2004, varios concejales del PSOE, en la oposición, interpusieron acciones judiciales, tanto penales como contencioso-administrativas, contra las decisiones municipales referidas al expediente del centro comercial.
Pero en 2007, dos de esos concejales abandonaron el PSOE y formaron parte de las listas de Los Verdes, partido que tras las elecciones de mayo de ese año firmó un pacto de gobierno con el PP. A partir de entonces, los concejales denunciantes retiraron sus acusaciones en la vía penal pero no han paralizado la vía contencioso-administrativa. Uno de los denunciados penalmente es el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna, que en el momento de los hechos era concejal de Hacienda de la Corporación.
Así las cosas, el próximo día 29 se celebrará en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria vista oral para dilucidar acerca de la demanda interpuesta en su día por el que hoy es concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Antonio Ramírez. En aquel entonces, el demandante llegó a impugnar el pleno municipal en el que se aprobó el contrato de concesión administrativa de la obra pública del centro comercial del casco de la villa en favor de la UTE compuesta por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Saramema, S.L. y Estacionamientos y Servicios Cura Riviera, S.L.
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha declarado ilegal la licencia otorgada a raíz del acuerdo plenario impugnado y el Ayuntamiento se encuentra en estos momentos incurso en los trámites administrativos necesarios para subsanar las ilegalidades detectadas por la Justicia y volver a otorgar la licencia de la polémica.
