Otro escándalo urbanístico planea sobre Santa Brígida
La portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Brígida, Victoria Casas, denunció este jueves lo que podría convertirse en un “nuevo escándalo urbanístico” en el municipio grancanario tras el del polémico centro comercial.
Casas manifestó “la incompetencia del alcalde, Lucas Bravo de Laguna, por liderar un proyecto y, sobre todo, culminarlo sin que conlleve repercusiones para las arcas municipales y para los ciudadanos”, tras conocer el informe técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias que confirma “la nulidad de pleno derecho del Plan Parcial del Sector 2 de suelo apto para urbanizar en el término municipal de Santa Brígida”, donde el grupo municipal proyectó un centro polifuncional de Servicios Sociales, a llevar a cabo con parte de los recursos públicos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local del Gobierno estatal (1.168.731,98 euros).
La edil nacionalista calificó en un comunicado como una “temeridad” este nuevo caso que puede convertirse en un nuevo escollo urbanístico que tiene todas “las visas para acabar en los tribunales”, ya que, “el propio grupo de Gobierno y el PSOE ya se pronunciaron en contra de un recurso interpuesto por un vecino de Santa Brígida al citado Plan y que contó con la única abstención de Coalición Canaria”.
Victoria Casas argumentó entonces en el Pleno que “podríamos estar ante un nuevo centro comercial”, refiriéndose “a la obra paralizada en pleno centro de Santa Brígida y que conllevará graves consecuencias económicas para el municipio”, sin embargo, obtuvo como respuesta “la defensa del procedimiento tanto por parte del alcalde, Lucas Bravo de Laguna, como de la concejala de Urbanismo, Amalia Bosch”, recordó.
Para la Portavoz de CC, PP-Los Verdes “quieren salvar a toda costa este mandato con una obra faraónica para ocultar los graves errores cometidos en el caso del centro comercial, sin embargo, lejos de conseguirlo y a pesar de que tenían serias dudas sobre la legalidad de este proyecto, puesto que, ya el pasado año emitieron una consulta a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, lo que han hecho es meter a Santa Brígida en un conflicto mayor”.
Casas señaló que de intentar legalizar la urbanización completa del SAU 2 a través de un nuevo Plan General, “tendríamos que recordarle a PP-Los Verdes que a partir del mes de noviembre, esta conducta podría ser constitutiva de delito, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, y que podría derivar en penas de prisión”.
