El Estado espera por la firma del Gobierno para construir la cárcel
La Administración del Estado sigue a la espera de una respuesta del Gobierno de Canarias, para firmar definitivamente el convenio de adquisición de la parcela sobre la que se construya la nueva institución penitenciaria, prevista para el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, y cuyas obras no han comenzado todavía a ejecutarse.
El Gobierno de Canarias ha dado ya su visto bueno al emplazamiento de la citada prisión. De hecho, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias poseen el texto definitivo, acordado ya por ambas partes, y pendiente sólo de las firmas con las cuales quede formalmente constituido el mencionado convenio.
Las obras de la prisión no se han iniciado todavía. Los trabajos llevados a cabo se han limitado, hasta el momento, a tareas de desbroce, de movimiento de tierra y de explanación de la parcela.
Sin embargo, tanto la cantidad a desembolsar para adquisición de la parcela como la superficie que se requiere, han sido pactados ya entre el Estado y el Gobierno de Canarias. En este acuerdo están incluidos, también, los cometidos que quedan asignados a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, SIEP, responsable de las infraestructuras y equipamientos penitenciarios.
En virtud del acuerdo alcanzado entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, fue desechada en su momento la vía de la expropiación.
Desde el punto de vista urbanístico y medioambiental están despejadas todas las dudas de tramitación, según ha resuelto la Secretaría General para la Prevención y el Cambio Climático.
Un millar de presos canarios fuera de las Islas
El centro penitenciario está incluido en la categoría de Obra Pública de Interés General, cuya planificación corresponde al Estado, en el marco de sus competencias legalmente asignadas.
Esta obra pública, va dirigida, junto con otras actuaciones, a cubrir las necesidades presentes y futuras en materia penitenciaria en Canarias. De forma añadida, abriría la posibilidad al retorno a las islas de unos mil canarios que actualmente cumplen condena en otros centros repartidos por la Península Ibérica.
En relación a ello, entre los objetivos de la Ley General Penitenciaria está el de evitar el desarraigo de los internos en cuanto al cumplimiento de sus penas de privación de libertad. A ello se suma la conveniencia de no añadir una doble separación de sus familiares, con dificultades para desplazarse a visitarlos a la península.
Revulsivo económico para el sector de la construcción
El centro penitenciario de San Bartolomé de Tirajana significará un revulsivo económico, en los próximos dos años, para un sector como el de la construcción en Gran Canaria, que comienza a acusar una cierta desaceleración económica.
Durante la fase de construcción del mismo se empleará una media de personal de unas 350 personas, con momentos puntuales de hasta 700 trabajadores empleados. Una vez finalizada la obra y una vez entre en funcionamiento, servirá también como elemento dinamizador de la zona donde se implante. Para ese entonces, se calculan en unos 600 trabajadores (entre personal funcionarial, laboral y guardias civiles) los que empleará el centro penitenciario.
Ello incidirá también positivamente en términos económicos, dado que la tendencia de buena parte de esos trabajadores, será la de establecerse en las cercanías de su centro de trabajo, reactivando la ecnomía local. A ellos se sumarán también los proveedores del propio centro y de los servicios que el mismo demande del exterior.
José Miguel Pérez pide que el Gobierno firme la cesión terrenos para la cárcel
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, instó este jueves a la firma de la cesión por parte de la Comunidad Autónoma del terreno para la construcción de la cárcel prevista en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Pérez hizo estas declaraciones al ser preguntado por la solicitud del Gobierno canario al Estado para que se paralicen las obras que se llevan a cabo en la zona de Juan Grande, cuyos vecinos de Castillo de Romeral se oponen a su construcción. El vicepresidente del Cabildo, Román Rodríguez, por su parte manifestó que si se ha cometido algún error en el proceso para la construcción de la futura cárcel se subsane.
Así mismo, dijo que tampoco conoce el citado expediente, al igual que Pérez, pero señaló que “si alguien se ha saltado” algún proceso lo tendrá que rectificar. “En un Estado de Derecho se tienen que cumplir las normas”, sostuvo Rodríguez en la rueda de prensa que ofreció junto al presidente del Cabildo para informar sobre los asuntos que se aprobarán en el pleno de la corporación insular que se celebrará este viernes.
