Una expropiación de Soria cuesta ahora 13 millones
El Tribunal Supremo (TS) obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a pagar al menos 13 millones de euros a una familia que desde un primer momento se opuso la expropiación de sus terrenos en el barrio de Guanaterme en el que se construyó el colegio de la calle Pavía. En el año 2001 una sentencia firme fijó el valor de los terrenos en apenas 1,6 millones, pero, al no pagarse este precio, los dueños exigieron una nueva retasación que finalmente quedó estipulada en 2005 por el Jurado de Expropiación en 8,1 millones.
Los antiguos propietarios también discreparon de esta cifra y tras otra nueva y larga batalla judicial finalmente consiguieron en 2009 que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reconociera un valor de 11,7 millones que ahora ha venido a ser ratificado por el Supremo. A esta cantidad hay que sumarle el 5% de premio de afección más el 10% anual en intereses de demora. Curiosamente, el TS rechaza tanto el recurso interpuesto por la familia como por el Ayuntamiento en contra de esta última tasación aunque lógicamente cada una de las partes presentaba argumentos diferentes.
Este asunto ha saltado de forma cíclica a la actualidad según iban trascendiendo las distintas resoluciones judiciales. La historia del expediente se inició en la etapa socialista durante la década de los años noventa , cuando el solar fue expropiado para construir el colegio Guanarteme, situado en la calle Pavía. Sin embargo, el encarecimiento tuvo lugar cuando José Manuel Soria y Pepa Luzardo, del Partido Popular (PP) dirigieron el Ayuntamiento. Ello es debido a que según la actual legislación los propietarios de un terreno afectados por un procedimiento expropiatorio pueden reclamar una retasación de su parcela cada dos años, siempre que no les sea ingresado el dinero.
Por ello, como no se les abonaba cantidad alguna los antiguos dueños recurrieron el precio fijado por la Junta Provincial de Expropiación de Las Palmas y reclamaron por el solar 14,8 millones de euros. En el año 2009 el TSJC les da la razón, si bien rebaja sus pretensiones hasta los 11,7 millones es decir, 3,63 millones más que lo que se había acordado en 2005.
A principios del mandato de Jerónimo Saavedra, cuando Carmelo Padrón era responsable de Urbanismo, la Junta de Gobierno se reunió de forma urgente para aprobar el pago de los ocho millones a los dueños del terreno. Desde entonces el dinero se encuentra en la Caja General de Depósito de Las Palmas de tal manera que el ingreso se considera ya efectuado desde un punto de vista legal, pese a que el recurso judicial seguía su curso.
La legislación establece que la consignación en la Caja General tiene los efectos de abono y posibilita la toma de posesión del suelo expropiado y evita se proceda a una nueva tasación que podría elevar aún más el precio del suelo. Este acuerdo se tomó después de que un auto del TSJC del año 2007 fijara la cuantía de los intereses a pagar por el Ayuntamiento hasta la liquidación de la deuda en casi 60 euros diarios, por lo que en aquellas fechas ya se sumaban dos millones de euros más. Esta era la manera a la que recurrió la Corporación local para evitar la sangría de intereses que se debían abonar. Los antiguos propietarios siempre defendieron “la inmejorable ubicación de la parcela, a escasa distancia de la playa de Las Canteras y tratarse de suelo urbano consolidado.
