El fiscal pide 25 años para el exalcalde de Yaiza
La Fiscalía ha solicitado este viernes 25 años de cárcel, 135 de inhabilitación y más de seis millones de multa para el exalcalde de Yaiza (Lanzarote) José Francisco Reyes, al que acusa de cobrar sobornos a cambio de conceder de forma masiva licencias ilegales para construir hoteles, según recoge la agencia Efe.
En concreto, estima que José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), cometió durante sus nueve años de mandato en el ayuntamiento (1998-2007) tres delitos de prevaricación urbanística, uno de prevaricación administrativa, cinco de cohecho, uno de malversación, uno de blanqueo de capitales y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios, cargos en su mayoría relacionados con la construcción de hoteles en Playa Blanca.
La acusación pública, ejercida por los fiscales de Medio Ambiente Javier Ródenas e Ignacio Stampa, sostiene que el exalcalde de Yaiza “aprovechó que el urbanismo estaba bajo su dominio, para recaudar importantes cantidades de dinero de los promotores” de los hoteles que se construyeron en su municipio, otorgando “de manera masiva” licencias de obra, hasta el punto de que llegó a autorizar en un solo día más de 1.500 nuevas plazas turísticas.
Reyes, subraya la acusación pública, “tiene el récord de haber autorizado en tres días siete grandes establecimientos hoteleros en Yaiza, a sabiendas de la ilegalidad de su otorgamiento por su manifiesta contradicción con las normas urbanísticas en vigor”.
En algunos casos, continúa el Ministerio Público, Reyes dio el visto bueno a proyectos que “ni siquiera estaban visados por el Colegio Profesional de Arquitectos y, lo que es más grave y clamoroso, autorizó la licencia sobre el acomodo a planes parciales (...) que no habían adquirido eficacia jurídica”.
Los dos fiscales en su escrito piden además una pena de seis años y medio de prisión y 24 de inhabilitación para el exsecretario del Ayuntamiento de Yaiza Vicente Bartolomé Fuentes, como presunto autor de tres delitos, uno de prevaricación urbanística, otro administrativa y un tercero de malversación, en el marco de esta operación denominada “caso yate-hoteles ilegales”.
Así mismo, para el aparejador del Ayuntamiento Alfredo Morales, reclama 2 años de prisión y 10 de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística, y para el ingeniero municipal Antonio Lorenzo, la inhabilitación durante 10 años.
La acusación pide también una pena de 5 años de prisión para la esposa del exalcalde de Yaiza, A.R.T.P., y para sus tres hijos mayores de edad que actuaron como “testaferros”, M.B.R.T., M.N.R.T., J.F.A.R.T., por un delito de blanqueo de capitales, así como que se les imponga una multa total de 2.950.000 euros.
Para los dos asesores fiscales del exalcalde que figuran en la causa, reclama 4 años y medio de prisión, 800.000 euros de multa y 8 años de inhabilitación en el ejercicio de su profesión, por sendos delitos de blanqueo de capitales, que también advierte en dos amigos de Francisco Reyes, S.C.C., y A.M.M.A.
Para estos dos amigos, que según los fiscales ayudaron a ocultar el patrimonio de Reyes a sabiendas de su origen delictivo, piden una pena de 3 años de prisión y el pago de una multa de 100.000 euros.
La acusación solicita que se comise distintos inmuebles, así como la embarcación de recreo “El Pachi”, cinco vehículos, los saldos de diez cuentas bancarias, y los 13.000 euros intervenidos en un registro domiciliario.
El Ministerio Público insta a que se inicie un procedimiento separado en lo relativo a las licencias concedidas por José Francisco Reyes en el Plan Parcial de Playa Blanca, entre los años 2004 y 2007 tras la aprobación de su proyecto de urbanización.
De igual forma, la Fiscalía de Medioambiente interesa el sobreseimiento de Pablo Carrasco Cabrera, por entender que no hay suficientes elementos para formular contra él algún tipo de acusación por delitos de prevaricación urbanística
