La Fiscalía denuncia al exalcalde de Yaiza
La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado denuncia por la corrupción urbanística en Yaiza, en la isla de Lanzarote, por la concesión de licencias contrarias a la normativa urbanística en hoteles “ilegales” construidos en dicho municipio y que se remontan al periodo comprendido entre 1998 y 2007, periodo en el que gobernó en el Ayuntamiento José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), según publica Europa Press.
En concreto, y según ha informado la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Medio Ambiente que dirige el fiscal de Sala Antonio Vercher ha decidido presentar denuncia al darse por ultimada la denominada operación Yate contra la corrupción urbanística en Yaiza, investigación de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Sección UDYCO, grupo IV, blanqueo de capitales, de la provincia de Las Palmas.
Ante ello, la Fiscalía presentó, el pasado 20 de diciembre de 2012, un escrito dirigido al juzgado de instrucción competente en el solicita que incoe el procedimiento abreviado para dirigir la acusación contra las doce personas de las que resultan “altos indicios de criminalidad”.
La Fiscalía considera que las personas, hasta ahora imputadas podrían haber incurrido en uno o varios delitos como son la prevaricación urbanística, cohecho pasivo para fin delictivo, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a funcionario público, cohecho pasivo como recompensa, o malversación de caudales públicos en concurso ideal con un delito de falsedad en documento mercantil.
Estos delitos se dirigen contra el ex alcalde de Yaiza en la época de 1998 a 2007, José Francisco Reyes, ya que durante el desarrollo de la fase de instrucción se recabaron “numerosísimos indicios y datos objetivos que ponen de relieve la práctica de conductas corruptas del entonces alcalde de Yaiza y su núcleo familiar mas inmediato y próximo”, que se considera ha contribuido de manera “decisiva a la ocultación” del dinero obtenido por la concesión de las licencias y su posterior introducción en el circuito económico legal.
Por ello, la Fiscalía ha considerado, después de realizar una laboriosa investigación, que el imputado, actuando desde su cargo de alcalde, “ideó un plan para enriquecerse durante el ejercicio de su cargo, abusando” de la situación de poder que ostentaba en el ámbito urbanístico de Yaiza.
En este sentido, el fiscal Decano de Medio Ambiente y Urbanismo en Las Palmas, Javier Ródenas, y el Fiscal de la Sección de Medio Ambiente, Ignacio Stampa, han detallado en el escrito remitido al juzgado cómo el imputado logró recaudar “ilícitamente una importante” cantidad de dinero derivada de la masiva concesión de licencias urbanísticas que como alcalde del Ayuntamiento de Yaiza fue otorgando de forma selectiva durante su mandato.
De esta forma, recoge dicho escrito fue provocando el nacimiento de un “urbanismo a la carta” que propició, por la vía de hecho, una alteración total de la realidad urbanística de Yaiza, logrando así hacerse con un “enriquecimiento no justificado que alcanza la cantidad mínima de un millón de euros”.
Asimismo, los fiscales pormenorizan los indicios que revelan que el origen del patrimonio que consiguió amasar durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, “en ningún caso” puede estar vinculado o proviene de los ingresos conocidos del mismo, ni se justifica por los cobros que legítimamente percibió como primer edil, sino que “ha sido adquirido como consecuencia directa de su delictiva política municipal instaurada en el delictivo otorgamiento de licencias urbanísticas”.
Al respecto, se indicó que para tratar de legitimar los beneficios obtenidos durante esos años, José Francisco Reyes se valió de diferentes procedimientos como utilización de testaferros, amortización en efectivo de un número considerable de préstamos bancarios y seguros, fraccionamiento de operaciones de efectivo de origen desconocido y, sobre todo, grandes inversiones mobiliarias e inmobiliarias abonadas con dinero en efectivo e ingresos constantes de otras tantas y cuantiosas cantidades de dinero en efectivo, en una multiplicidad de cuentas corrientes instrumentales, así como la creación de sociedades interpuestas a modo de 'empresas pantalla'.
Por último, los fiscales concluyen que existen claros indicios de que se prescindió, “de manera grosera”, en los expedientes administrativos de concesión de licencias urbanísticas, de un trámite absolutamente esencial del procedimiento, dirigido a hacer valer y velar por el cumplimiento de los intereses insulares que legalmente tutela el Cabildo de Lanzarote.
Ante ello, consideran que existen claros indicios de que el imputado omitió deliberadamente requisitos insoslayables como la falta de informes jurídicos y la autorización turística de la que dependía la validez de la autorización municipal.
La instrucción
En cuanto a la fase de instrucción se informó de que se han analizado, con evidente signo incriminatorio, una treintena de expedientes de concesión de licencias para la construcción de complejos hoteleros, tales como los expedientes administrativos para la construcción del hotel Meliá Volcán, del hotel Princesa Yaiza, del hotel Papagayo Arenas, del hotel Dream Gran Castillo, de los apartamentos Iberostar la Bocayna, de los apartamentos Iberostar Papagayo Park, de los apartamentos Río Playa Blanca, del hotel Son Bou, o del hotel Rubicón Palace.
Asimismo, se han analizado los expedientes administrativos para la construcción del hotel Iberostar Papagayo, del hotel Hesperia Puerto Calero, de los apartamentos Coloradamar en la parcela 12 del plan parcial Las Coloradas, de los apartamentos Cay Beach Papagayo en la parcela 14 plan parcial Las Coloradas, del hotel Natura Palace en la parcela 45 y 46 plan parcial Montaña Roja.
También se han analizado los expedientes administrativos para el otorgamiento de licencia de obras a la entidad 'Puerto Deportivo Marina Rubicón, S.A.' y el expediente administrativo para la aprobación del plan parcial Playa Blanca.
Al respecto, se indicó que en todos los expedientes citados en el ejercicio de su actividad como máximo responsable del Ayuntamiento de Yaiza otorgó entre 1998 y 2003 las licencias “a sabiendas de su manifiesta y flagrante ilegalidad”.
Estas licencias, recoge el escrito, fueron otorgadas por el entonces alcalde de Yaiza y “vulneran, al menos indiciariamente, los acuerdos de suspensión” del otorgamiento de licencias adoptados por el Cabildo durante la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (1998-2000), sin embargo fueron concedidas por un órgano municipal que en aquel momento tenía suspendida la potestad para otorgarlas “y, lo que es más grave, se concedieron con pleno conocimiento de la vulneración de la legalidad que con la concesión de esas licencias iban a cometer”, sabiendo que autorizaban edificaciones turísticas incompatibles con el planeamiento insular.
Añade que, en ocasiones, estas licencias incluso eran incompatibles con las ordenanzas del propio plan parcial y con los postulados introducidos en la revisión en tramitación, que era lo que se pretendía salvaguardar, sin tener en cuenta la carga edificatoria de la isla.
Finalmente, el escrito recoge que se autorizaron “de forma desenfrenada miles” de camas turísticas en contra de las propias determinaciones del Cabildo que, como órgano supra municipal, le correspondía velar para la oportuna armonización y el crecimiento sostenible y adecuado a la carga edificatoria de la isla, con la finalidad clara de evitar que por un crecimiento incontrolado pudieran afectarse servicios básicos de la isla de Lanzarote (agua y luz).
Y es que una superación de las camas turísticas y edificabilidad que supere los límites previstos “acarrea restricciones” de servicios básicos que “no pueden cubrir las desorbitadas” áreas turísticas aprobadas por el ex alcalde de Yaiza.
