La Fiscalía tinerfeña denuncia por fraude a Islas Airways
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha hecho suya la denuncia del Ministerio de Fomento contra Islas Airways y ha denunciado a la compañía aérea por un posible delito de fraude de subvenciones, calculado en 2.400.000 euros solo en los once meses entre mayo de 2010 y abril de 2011.
Es la puntilla que le faltaba a la aerolínea interinsular, con graves problemas de solvencia desde hace seis meses y una flotilla en pie de guerra por no cobrar, hasta el extremo de que este martes obligó a cancelar 33 operaciones por “enfermedad” de sus pilotos.
Fuentes de la fiscalía informaron a CANARIAS AHORA que la denuncia penal se formuló en julio pasado y la investigación judicial ha recaído en el juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que ha citado a declarar en calidad de imputado al presidente de la compañía, Miguel Concepción, a finales de este mes.
Las mismas fuentes indicaron que la cantidad defraudada no es exacta, “incluso podría ser errónea”, ya que no consideran correctos los cálculos hechos por los peritos del Ministerio de Fomento, por lo que, tanto la Fiscalía como el juzgado de Instrucción, han solicitado nuevos peritajes. Esas pruebas “incompletas” y los peritajes incorrectos son los que han ralentizado el proceso, ya que la denuncia penal se presentó ante Fiscalía en diciembre de 2011.
Sin embargo, y aunque fue la competidora Binter Canarias la que denunció ante el Ministerio el supuesto fraude de Islas, no se ha personado en la causa penal abierta en julio pasado, por lo que únicamente se considera como perjudicado al Estado. Eso sí, los representantes legales de Binter podrían ser llamados a declarar en calidad de testigos.
Y mientras tanto, la denuncia administrativa queda paralizada.
Un rosario de declaraciones
A partir de este mes, y con Miguel Concepción a la cabeza, se espera un rosario de declaraciones ante el juzgado, pero el principal quebradero de cabeza son las pruebas aportadas por Fomento, a todas luces “insuficientes”, según la Fiscalía. De entrada, porque los peritajes aportados se limitan a un año, cuando la investigación de Fomento se remontaría al ejercicio de 2008. Entre la documentación necesaria, faltan los pasajes expedidos en todo ese periodo de tiempo.
El posible fraude consistía en pedir la subvención al Estado de pasajes en clase turista de entre 300 y 600 euros, cuando en realidad habrían costado mucho menos, es decir, que se presentaron facturaciones superiores a las ventas reales. Varias agencias de viajes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria también son investigadas.
Islas Airways es desde hace varios meses noticia por un motivo otro. En la primavera pasada se vio obligada a modificar rutas para abaratar costes y en agosto pasado cerró un Expediente de Regulación de Empleo por el que despidió a 33 trabajadores y redujo el horario laboral a 190 empleados de los 250 de la plantilla.
No caben medidas cautelares
En declaraciones a varios medios de comunicación, el director de Planificación de la aerolínea, Daniel Díaz, admitió hace dos meses que la empresa tenía problemas de liquidez por el retraso en el pago de las subvenciones. “Fomento nos debe ocho meses por estas bonificaciones”, afirmó al periódico La Provincia, y aseguró que la cantidad adeudada rondaba los 10 millones de euros.
Sin embargo, la Fiscalía aclara que no caben medidas cautelares por parte del Ministerio de Fomento contra Islas Airways mientras la causa penal esté abierta, lo que ha paralizado la denuncia administrativa contra la empresa.
El artículo del Código Penal en que el se han basado los fiscales para apoyar su denuncia ante el juzgado es el 308, referido al cobro de ayudas de las administraciones, y que establece una condena de entre 1 y 4 años de cárcel y una multa hasta seis veces la cantidad defraudada, aparte de no poder recibir esas ayudas, ni subvenciones, ni incentivos, entre 3 y 6 años.
