El Estado frena los presupuestos de Cardona
La Delegación del Gobierno en Canarias ha comunicado este martes al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que han quedado sin efecto los plazos de aprobación definitiva de los presupuestos de la ciudad de 2013 a la espera de que se envíen más detalladamente las cuentas que tienen que ver con el Capítulo 1, gastos de personal. Así lo comunicó a la alcaldía el secretario general de la Delegación del Gobierno, Vicente Redondo, en una carta a la que ha tenido acceso este periódico.
Precisamente este miércoles, 23 de enero, acabaría el plazo para que las personas o colectivos afectados por los presupuestos municipales de Las Palmas de Gran Canaria para 2013 presenten alegaciones. Y las ha habido en gran número, precisamente provocadas por los trabajadores públicos tras enterarse de que en la Junta de Gobierno del pasado 27 de diciembre el grupo popular aprobó en solitario una rebaja salarial para 2013 que no ha sido comunicada oficialmente por ninguno de los conductos reglamentarios.
Pero la Delegación del Gobierno lo que reclama al consistorio capitalino es que desglose todas las partidas del Capítulo 1 para poderlas estudiar y comprobar si cumplen con las prescripciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que impone severos límites a las instituciones públicas en materia de contratación de personal, una vez aprobados los planes de ajustes del Gobierno de Mariano Rajoy.
Fuentes municipales han confirmado que los presupuestos de Las Palmas de Gran Canaria para 2013 contemplan una reducción de cinco millones en la partida de nóminas del personal producida por la rebaja que se va a aplicar a los trabajadores públicos y la amortización de determinados puestos de trabajo, pero sin embargo en los presupuestos para 2013 aparecen nuevas contrataciones que reducen esos cinco millones a dos millones netos de ahorro. Las normas de ajustes prohíben expresamente la contratación de personal salvo en plazas muy concretas.
El interventor municipal ya ha publicado varios informes poniendo reparos a las cuentas municipales para este año, aprobadas el pasado diciembre, y precisamente en el capítulo de personal hay varias objeciones de este alto funcionario, cuestionado duramente por los responsables del gobierno municipal por considerar que le impide ejercer la política que considera que debe aplicar.
El secretario general de la Delegación del Gobierno ha solicitado en su carta al alcalde, Juan José Cardona, que en un plazo no superior a 20 días remita “copia de la memoria explicativa de los presupuestos (?) concretamente en lo referido al Capítulo 1, gastos de personal”.
Pero además, la Delegación del Gobierno pide que el Ayuntamiento remita “certificación acreditativa, emitida por la Secretaría General o la Intervención (?) de si las retribuciones del personal han experimentado o no incremento respecto a las vigentes a 31/12/2012”.
También se pide en la carta que se remita a la Delegación “clasificación económica del estado de gastos e ingresos de los presupuestos de esa Corporación”.
Este contratiempo provocará que, al menos durante los veinte días de plazo otorgados al Ayuntamiento para que conteste, se suspenderán los plazos de aprobación definitiva de los presupuestos municipales y, por lo tanto, el de los ciudadanos para reclamar, que vencía este mismo miércoles.
