El Gobierno de Canarias asegura que tendrá que “buscar alternativas” financieras a la prórroga de los presupuestos del Estado
La prórroga de los presupuestos del Estado “afectará de manera importante a las expectativas” de Canarias en materias como la gratuidad del transporte o los proyectos de trenes en las islas, respecto a las que habrá que “buscar alternativas”, según ha dicho este martes el consejero autonómico de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.
Si bien en materia de financiación “hay partidas que están consolidadas en convenio entre Canarias y el Estado, como pueden ser las carreteras, a las que, en principio, no tiene por qué afectar la prórroga del presupuesto, porque hay un convenio que especifica las partidas para cada anualidad”, ha detallado el consejero, no ocurre igual con capítulos como los trenes.
Rodríguez ha hablado de estas cuestiones a preguntas de periodistas durante una rueda de prensa en la que ha presentado una convención insular que llevará cabo Coalición Canaria en Gran Canaria en abril, en su condición de secretario general del partido en la isla.
Cuestionado por las consecuencias para el archipiélago de la imposibilidad de aprobar unas nuevas cuentas estatales, Pablo Rodríguez ha destacado, en primer lugar, que demorará las previsiones de Gobierno canario y cabildos insulares de que se les reembolse parte del gasto derivado del transporte gratuito del que se benefician los ciudadanos.
Aunque debe costearlo al completo el Ejecutivo central, ese gasto lo vienen adelantando, en parte, las administraciones isleñas, pero en la confianza de que recuperarán luego ese dinero, ha planteado.
Y ha argumentado que “es verdad que en los presupuestos vigentes prorrogados hay 81 millones de euros para la gratuidad del transporte colectivo, para las guaguas”, pero ha opinado que se trata de una partida “insuficiente”, porque, tras revisar las cifras, han comprobado que el gasto total “supera los 140 millones de euros”.
La razón de ese desfase -ha relatado- es que, “cuando se negoció la partida para la gratuidad del transporte en Canarias, se planteó que eran 81 millones, en base a un cálculo del gasto anterior, pero que esa partida tendría que adaptarse al gasto real”.
Por ello, una vez que se evaluó la cuantía del desembolso que en verdad era preciso, “lo que hemos trasladado al Ministerio es que el gasto real son 141 millones, y, como son 141 millones, el déficit lo tienen que abonar”, ha agregado.
Ha insistido, además, en que “eso lo sabe el Ministerio” e iba abordarlo en los presupuestos del Estado de 2024, pese a reconocer que, no obstante, “es cierto que esta prórroga del presupuesto eso lo va a imposibilitar, de momento”.
Ante esa situación, “lo que hemos pedido al Ministerio es que busque otra fórmula para que se transfiera el gasto real para la gratuidad del transporte” a fin de que cumpla con su obligación, porque “ahora están asumiendo los cabildos, principalmente, el déficit entre los 81 millones y lo que realmente cuesta esta gratuidad”, ha recalcado.
Puesto que “la financiación al cien por cien de la gratuidad, la tiene que pagar el Estado, de eso no hay ninguna duda”, en tanto que “el tren de media distancia, en península, lo paga el Estado, no lo pagan las comunidades autónomas, y sería absolutamente injusto que Canarias, sean los cabildos o sea el Gobierno, tenga que poner un euro para pagar la gratuidad del transporte”, ha sentenciado.
Pablo Rodríguez ha opinado que las consecuencias pueden ser peores respecto a los proyectos de trenes que se quieren impulsar en Gran Canaria y Tenerife.
Ya que -ha explicado- “estábamos buscando fórmulas para establecer un marco de financiación estable para los dos trenes, tanto el de Tenerife como el de Gran Canaria, y el presupuesto del Estado de 2024 era una oportunidad para encontrar ese marco de financiación”.
Aprovechar esa oportunidad “no va a ser posible, de momento”, ha admitido, pero sosteniendo que, a su entender, ello no tiene por qué impedir que se logre el objetivo de establecer dicho marco este mismo año.
En esa línea, “vamos a buscar otras vías. Está ahí la Ley de Movilidad en marcha, esa puede ser una opción, pero también puede haber otras vías”, como canalizar la iniciativa a través de “otras leyes o decretos leyes que establezca el propio Estado, ha apostillado.
Porque “aunque no tengamos presupuesto, tenemos alternativas que hay que buscar, y hay que ser creativos para establecer, al final, un marco de financiación estable que garantice que podamos tener, en un horizonte no extraordinariamente lejano, los trenes en las islas”, ha concluido.
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