El Gobierno de Canarias elude responsabilidades y culpa al Estado del reparto desigual de las ayudas que excluyó a 134 ONG
En diciembre de 2018, 182 ONG solicitaron las ayudas para proyectos sociales deducidas de la X solidaria del IRPF. De ellas, solo 48 lograron acceder a la subvención. Las peticiones de 134 entidades fueron rechazadas, quedando abocadas en algunos casos al cierre. Más del 70% de las iniciativas desestimadas fueron denegadas por obtener una puntuación inferior a la exigida, puesto que el Gobierno canario priorizaba con hasta tres puntos los proyectos en los que la organización aportara más de un 50% de la financiación. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha insistido en redes sociales este viernes en que “los criterios de resolución para la baremación vienen determinados por el Estado, no por el Gobierno de Canarias”. Sin embargo, la gestión de este presupuesto es mixta, por lo que, partiendo de unos criterios comunes, cada comunidad autónoma puede adecuar las condiciones a su territorio.
El Tribunal Constitucional dictó en 2017 una sentencia que estimó que el método empleado hasta el momento no respetaba la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Desde entonces, y tal y como reza el Boletín Oficial de Canarias 236 del 5 de diciembre de 2018, Canarias “tiene competencias para convocar y conceder subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro, para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF dentro de su ámbito territorial”.
El Gobierno central publicó en julio de 2017 el real decreto que regula los criterios de valoración, incluyendo la cofinanciación: “Se valorarán prioritariamente los programas que en su presupuesto cuenten con otras fuentes de financiación pública (comunidades autónomas, Unión Europea, etc.) o privada”. A partir de este requisito, la Consejería afirmó a este periódico que “se observó que si no se establecía un límite en el importe a conceder y se autorizaba solicitar el 100% del coste total del programa, el IRPF se repartiría en su totalidad entre seis entidades exactamente”. “El objetivo es intentar que las entidades se financien a través de otras fuentes y buscar apoyo en los ayuntamientos o cabildos”, añadió.
En esta línea, el Gobierno regional premió con hasta tres puntos aquellas iniciativas cuya cofinanciación superaba el 50%, con dos puntos aquellas en las que los fondos propios oscilaban entre el 25 y el 50% y con un punto los programas en los que la cofinanciación estaba por debajo del 25%. Esta medida afectó directamente a las pequeñas entidades sociales canarias que dependen de las subvenciones para subsistir.
Es el caso de la Fundación Canaria Óliver Mayor (FOM) contra la Fibrosis Quística, que atiende a más de 200 canarios con problemas respiratorios crónicos y que no cuenta con fondos propios para sus proyectos. “Sin este dinero no podremos llevarlo a cabo”, lamenta la organización que se ha visto obligada a lanzar una peña benéfica y a pedir a “pacientes, colaboradores, familiares, amigos, compañeros de trabajo” que “se afilien” como forma de colaborar con la Fundación.
“Este año no hemos conseguido la aprobación de subvenciones como la del IRPF, la situación de los servicios de la FOM está en peligro”, reza el mensaje de WhatsApp que ha difundido la entidad. Lo mismo ha sucedido con la asociación tinerfeña Nahia, centrada en la inclusión sociolaboral de los jóvenes en exclusión social o en riesgo de sufrirla y que cerrará en agosto si no encuentra alternativas a las subvenciones del IRPF.
El 21 de mayo, cuatro días antes de las elecciones autonómicas del 26M, once de las entidades excluidas se reunieron en Tenerife con la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, para exigirle soluciones ante el reparto desigual de los más de seis millones de euros que el Gobierno central transfirió a la comunidad autónoma para iniciativas del tercer sector. La consejera planteó la posibilidad de que estas ONG solicitaran las ayudas que la Consejería convoca en junio y aseguró que priorizarán aquellas iniciativas que no puedan desarrollarse sin ayudas públicas. Más de un mes después, la incertidumbre sigue protagonizando el futuro de las entidades.
