El Gobierno canario pide que se le permita usar el superávit con la Ley de Estabilidad

El Gobierno de Canarias reclamará aprovechar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria estatal para eliminar la restricción de gastar el superávit que impone esa norma, lo cual le permitiría contar con 598 millones de euros de inversión añadidos en sus cuentas, según ha anunciado este lunes.

Un propósito para el que el Ejecutivo autonómico, de Coalición Canaria, prevé “invitar a todos los partidos políticos” a respaldar la iniciativa y también a los agentes económicos y sociales de las islas, a los que pedirá su apoyo en una reunión del Consejo Asesor del Presidente regional que ha decidido convocar la semana próxima, ha avanzado la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.

La titular de Hacienda, que ha hecho estos anuncios tras una reunión del Consejo de Gobierno de Canarias convocada con carácter deliberante para “fijar asuntos importantes que quedan por desarrollar en el curso político” que se retomará de forma inminente, ha insistido en la apuesta del Ejecutivo por lograr que el dinero que no puede gastar por las limitaciones de la referida norma “no esté ocioso mientras las necesidades de los ciudadanos no están cubiertas”.

Ya que, pese a la mejora económica registrada en los últimos tiempos, en las islas “todavía tenemos a muchas familias pasando apuros” como consecuencia de la crisis, razón por la que -ha argumentado- se necesita más dinero para costear y ampliar los servicios sociales públicos.

Servicios como la atención a la dependencia, la sanidad o la educación que precisan de más fondos no solo para financiar obras, ayudas a quienes las necesitan o adquisición de nuevos medios, sino también para contratar más personal, puesto que son deficitarios en ese aspecto, ha destacado.

Desde ese planteamiento, el Ejecutivo canario desea “hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a todos los agentes económicos y sociales” para que se sumen a su demanda de que se quite la restricción de gastar el superávit en la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que proyecta acometer el Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Un cambio que “no puede servir exclusivamente para salvar el veto del Senado” que actualmente dificulta la política presupuestaria de los socialistas, como es el objetivo de estos y de Podemos, que ha anunciado su apoyo a la medida, sino que también “tiene que servir para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”, ha sentenciado la consejera.

Quien ha rechazado, además, que la falta de fondos aducida vaya a resolverse con la decisión del equipo de Sánchez de llevar a cabo una ampliación del catálogo de inversiones financieramente sostenibles establecido como vía para posibilitar la canalización de parte del dinero inactivo hacia el gasto público. Porque esa medida “es un parche, no una solución, ni de presente, ni de futuro”, ha sostenido.

Al hilo de esa petición de más fondos, el consejero de Presidencia del archipiélago, José Miguel Barragán, ha reclamado además a los socialistas que mantengan la norma aplicada por el PP cuando estaba en el Gobierno de conceder un plazo mínimo de un año para gastar el dinero que transfiere el Estado contando a partir del momento en que la Comunidad Autónoma lo recibe de forma efectiva y no limitarlo al 31 de diciembre.

Justifica ese demanda el hecho de que, aunque esté asignada a un ejercicio concreto, dicha financiación no llega habitualmente en enero, a comienzos del año, sino que se transfiere cuando este ya ha avanzado.

Hasta el punto de que, en el caso concreto del 2018, “se nos pide que hagamos un gasto ingente, de casi 1.000 millones de euros, en menos de dos meses”, ha recalcado Barragán.

Tanto él como Rosa Dávila han señalado que otra de las cuestiones prioritarias para el Gobierno Autónomo en el arranque del curso político será agilizar el trámite de la llamada Agenda Canaria, pendiente de formalizar con el Estado a través de la firma de convenios específicos para costear obras y servicios en las islas que aún no se han suscrito “86 días después de la llegada de Pedro Sánchez”.

Convenios como el de inversiones en carreteras y otros varios que han dicho esperar que se firmen en las próximas semanas, ha detallado Dávila, que, a ese respecto, ha indicado que su Ejecutivo “mira con esperanza al mes de septiembre”, pues desea que no se demoren más allá.