Las islas orientales pasan de la rebelión de Bravo
El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha recibido el respaldo de los titulares de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Pedro San Ginés y Mario Cabrera (CC), frente a las críticas de su homólogo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna (PP), a la ley turística.
Rivero ha reunido en Las Palmas de Gran Canaria a los presidentes de los tres cabildos de la provincia oriental y a los alcaldes de Tías, Teguise, San Bartolomé de Tirajana y La Oliva para exponerles los planes del Gobierno respecto a los programas de modernización turística, una vez aprobada la ley que consagra la renovación como principal apuesta para el futuro del sector.
El presidente de Canarias ha señalado, al término de la reunión, que esta ley es “la más flexible” que ha tenido el sector en Canarias desde que se aprobó la moratoria de 2003 y que existen vías para propiciar un crecimiento ordenado de la oferta, básicamente ligadas al principio de “tirar viejo para construir nuevo”.
El Gobierno de Canarias espera aprobar antes de fin de año el reglamento de desarrollo de la ley y ha emplazado a los cabildos a remitirle información sobre cuántas autorizaciones turísticas congeladas en su momento por la moratoria tienen vivas en su territorio -se entiende por tales aquellas que no hayan sido expresamente caducadas-, para poder reactivarlas.
Rivero ha defendido que el resultado de ese trabajo y de los planes de modernización en marcha permitirá conocer las planas que la nueva ley permite desarrollar en cada isla y si o no suficientes, pero ya adelantado que su Ejecutivo será “inflexible” con su principio de no consumir más suelo.
San Ginés y Cabrera han secundado en sus declaraciones del presidente, mientras que Bravo de Laguna ha precisado que él también comparte la apuesta por la rehabilitación de complejos obsoletos, pero la considera insuficiente y demanda que se permita construir nuevos hoteles de cuatro estrellas en suelo ya clasificado sin condicionarlos a planes de renovación, que con frecuencia chocan con dificultades de tramitación o de dispersión de propietarios.
