IUC reclama el rescate cautelar de Emalsa
“Los socios privados de Emalsa están limpiando los bolsillos de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria”. Sergio Millares, militante de Izquierda Unida Canarias (IUC), ha denunciado este martes las operaciones llevadas a cabo en los últimos años por Saur y Sacyr-Valoriza, empresas que tienen el 66% de las acciones de la Empresa Mixta de Aguas de la capital grancanaria, y ha reclamado al Ayuntamiento, que tiene el 34% restante, que inicie los trámites pare recuperar el control de la compañía.
IUC considera que el alcalde, Juan José Cardona, debe actuar de inmediato ante “las noticias alarmantes” que apuntan al “vaciamiento de Emalsa” como consecuencia de las actuaciones de los socios privados, que han quedado reflejadas en la denuncia interpuesta la pasada semana por la Fiscalía de Las Palmas contra la empresa por presuntos delitos societarios.
El Ministerio Público expuso en su escrito una serie de contratos de obras y servicios, operaciones de compra-venta y remuneraciones complementarias de directivos de los socios privados que, a su juicio, han supuesto un evidente perjuicio a la empresa y a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, ya que Emalsa se financia a través del precio público del agua.
Entre las operaciones que figuran en la denuncia de la Fiscalía, se encuentran diversos contratos suscritos con SerCanarias, participada al 50% por los socios privados de la empresa de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, en los que no se cumplió la normativa sobre los procedimientos de contratación.
“Son operaciones manifiestamente ilegales, autoadjudicaciones que además han contado con la autorización del actual presidente del Cabildo de Gran Canaria ?José Miguel Bravo de Laguna, que fue secretario de los Consejos de Administración de Emalsa y SerCanarias- y aceptadas por el alcalde Jerónimo Saavedra”, ha manifestado Millares. Según el Ministerio Público, los gastos sin justificar en beneficio de los socios privados ascendieron a 36 millones de euros.
La Fiscalía también cuestiona la transferencia de 1,3 millones de euros de Emalsa a SerCanarias para abonar una opción de compra por una nave en Los Tarahales valorada en 5 millones de euros, propiedad de la empresa Seguridad Integral Canaria. IUC recuerda que la operación se produjo tan solo un día después de que una sentencia judicial adjudicara definitivamente el servicio a la parte privada.
Otro de los hechos denunciados por la Fiscalía es la firma del contrato de alquiler de la sede de la compañía de aguas en el Centro Comercial Las Ramblas, un inmueble que no utilizó durante dos años y por el que la empresa paga 79.000 euros mensuales. Este contrato fue rubricado con Satocan, cuyo presidente es miembro del Consejo de Administración de Emalsa.
IU ha criticado además los “sueldos astronómicos” y las remuneraciones complementarias a los gestores, que siempre han sido directivos de Saur y Sacyr-Valoriza. Según las informaciones que han trascendido, el gasto salarial de seis de ellos ascendía a 900.000 euros, cantidad que se suma a un canon anual por el que reciben el 2% del negocio bruto de la empresa.
Intervención cautelar
Ante este escenario, IUC plantea la intervención cautelar de Emalsa, la suspensión de la concesión hasta que se produzca el pronunciamiento judicial, y el inicio de los trámites para “remunicipalizar” la compañía, para su rescate definitivo. Según Sergio Millares, esta intervención no generaría derechos indemnizatorios en favor de los socios privados “si se demuestra, como está diciendo la Fiscalía, que hay una merma de la parte pública y una utilización fraudulenta de los socios privados”.
Para la formación progresista, en caso de que se acrediten las operaciones fraudulentas, “sería la parte pública quien debería pedir una indemnización a los socios privados”.
IU solicita, por último, la creación de una comisión de investigación para que se diriman, al margen de las actuaciones judiciales, las responsabilidades políticas que ha podido haber en las irregularidades denunciadas en este caso. “En Emalsa han intervenido como alcaldes Emilio Mayoral, José Manuel Soria, Pepa Luzardo, Jerónimo Saavedra y, ahora, Juan José Cardona. Hay una actuación sospechosa y de connivencia entre el poder político y los poderes económicos. Privatizar un servicio en régimen de monopolio supone una merma del servicio público y de las condiciones de vida de los ciudadanos”, ha advertido Millares.
Sobre la personación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el proceso, Millares expresó sus dudas con respecto a “la fortaleza y la coherencia” del gobierno municipal y recordó que Cardona “exoneró” a la parte privada de cualquier responsabilidad tras la auditoría a la que fue sometida la empresa, que aún no ha trascendido en su totalidad.
“Emalsa apesta”
IUC ha vuelto a reclamar además la recuperación del servicio “con criterios de calidad respecto al medio ambiente”. En este sentido,recuerda que la Fiscalía de Medio Ambiente tramita la denuncia que presentaron en verano por los vertidos de Emalsa, al localizar “14 emisarios ilegales que envenenan nuestras costas, un recurso fundamental como el agua”. “Emalsa apesta”, ha aseverado Millares.
La formación de izquierdas señala que la calidad del agua del grifo de la capital grancanaria está “en pésimas condiciones” para su consumo, que algunas playas “no son aptas para el baño” y que se está derramando al mar el agua sin tratar “mientras los agricultores se quedan sin ella, a pesar de que la necesitan para regar”.
