Lerena se enfrenta a un año de cárcel
La fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral ha solicitado prisión de un año y suspensión de empleo y cargo público durante tres años para el funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz, Pedro Álvarez Fernández y otro año de cárcel para el empresario Juan Antonio Lerena Sánchez, cuyo apellido dio nombre al conocido como caso Lerena, por la supuesta comisión de sendos delitos de cohecho.
Álvarez Fernández ejerció desde 1993 a 2003 como jefe de negociado de Medio Ambiente y a partir de aquí ocupa la plaza de arquitecto técnico y jefe de negociado de Protección de Espacios naturales y litoral. La Fiscalía considera que valiéndose de su cargo propuso al empresario al que se le venían adjudicando hasta entonces diversas obras, la contratación de María Candelaria M. P.
Con este fin se quería que la trabajadora prestara sus servicios en las oficinas del Ayuntamiento, siempre bajo la supervisión y apoyo del funcionario. El empresario debió sentirse coaccionado y por ello accedió, “en la creencia de que si no lo hacía no se le adjudicarían más obras en este servicio”.
Lerena suscribió así un primer contrato eventual a finales de 2002 con el fin de atender el aumento de trabajo y a partir de aquí fue firmando otros más hasta septiembre de 2003, momento en el que la contratación se hizo ya con carácter indefinido. El sueldo era pagado por el empresario que se lo entregaba en metálico, generalmente, al funcionario.
La trabajadora realizaba “siempre bajo la supervisión y apoyo” del jefe de negociado labores de carácter administrativo como informes de permiso de actividades en las playas, subvenciones de viviendas rurales, proyectos, obras de mejora de infraestructura Y confección de bases de datos para el control de expedientes y para la gestión de Anaga. Igualmente, se ocupaba de archivar expedientes y proyectos de papel, fotos de patrimonio de obras o búsquedas de facturas e imágenes para su clasificación.
Durante el tiempo de su contratación, su función siempre estuvo ligada con la tramitación de los contratos de obra menor que se encargaban directamente a Lerena en el Distrito de Anaga y que por lo tanto no requerían la convocatoria de un concurso público. En total se llegaron a realizar 35 actuaciones que iban desde mejoras paisajísticas, a la construcción de muros, de accesos a viviendas, de pavimentos o mejora y mantenimiento de caminos, entre otros varios. De esta manera se llegaron a suscribir contratos que en apenas dos años sumaron 1,2 millones de euros.
La Fiscalía por lo tanto entiende que los hechos “son legalmente constitutivos de un delito de cohecho” y por ello pide el inicio del procedimiento que desemboque en la celebración de la vista oral.
En el año 2010 el grupo municipal socialista denunció estos hechos y fue en ese momento cuando el concejal de Recursos Humanos, Manuel Parejo, reconoció que había sido informado de la presencia irregular de esta trabajadora, con despacho y teléfonos propios, correo electrónico corporativo y acceso a los medios materiales y aplicaciones informáticas de la Gerencia, pese a no tener vínculo ni laboral ni estatutario con esa Administración. La empleada denunció al Ayuntamiento para que la reconocieran como personal laboral indefinido, lo que consiguió mediante sentencia emitida a principios del año 2010.
