La escolta del ex ministro López Aguilar enfrenta al PSOE con CC y el SUP

La escolta policial del ex ministro de Justicia y secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, criticada el lunes en un comunicado del SindicatoUnificado de Policía en Canarias, ha enfrentado este martes al PSOE con el sindicato policial y con Coalición Canaria, que ha decidido presentar una pregunta al Gobierno de la Nación, calificada por el PSC-PSOE de ''indecente e irresponsable'. El SUP, por su parte, ha matizado desde Madrid “las formas” del comunicado de su sección en las Islas.

El propio secretario general de los socialistas canarios calificó en Madrid como “absolutamente falso” el contenido de la nota que emitió ayer el comité federal de Canarias del Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunciando el empleo de once policías nacionales para proteger su seguridad personal.

En este sentido, indicó que este mismo martes había hablado con el secretario general del SUP a nivel estatal, José Manuel Sánchez Fornet, y que éste le había pedido “disculpas”, al tiempo que le había manifestado “que no entiende por qué un dispositivo como los que operan en toda España ha podido ser objeto de un comunicado así en Canarias”.

López Aguilar subrayó que, en cualquier caso, el dispositivo de seguridad de que dispone es el que está establecido por el ministerio de Interior y que es “exactamente el mismo” para todos los exministros de Justicia, entre los que citó a sus antecesores el cargo José María Michavila, además de ser “totalmente independiente de la voluntad de la persona protegida”.

Asimismo el dirigente socialista dijo que este tipo de medidas de protección “no son una prebenda, sino un gravamen” para los protegidos y que constituyen el modo en que “por desgracia” deben vivir “en su vida cotidiana cientos de personas” que han sido objeto de amenazas terroristas y que “por alguna razón se han expuesto a la amenaza de ETA o de cualquier otra forma de terrorismo”.

“Es evidente que todo ministro de Justicia se implica en la lucha antiterrorista y contra la criminalidad”, dijo López Aguilar, “por tanto, hay un momento en que, de forma totalmente ajena a su voluntad el ministerio del Interior decide un dispositivo que debe desempeñarse con profesionalidad y que en todos los casos acompaña a la persona protegida en su vida cotidiana”.

“Cuando el ministerio decide que cambian los parámetros de la amenaza cambia el dispositivo”, agregó López Aguilar, “y siempre de forma ajena a la voluntad del protegido”.

Contenidos ''falsos e injuriosos''

Desde el PSC-PSOE se mostró el rechazo por “los contenidos falsos e injuriosos” del comunicado emitido por el comité federal de Canarias del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Según los socialistas, “el protocolo de seguridad del ex ministro López Aguilar es ajeno a su voluntad”, ya que “no ha sido solicitado por él y es el mismo que tienen el resto de ex ministros de Justicia de todos los partidos políticos”, puntualiza el PSC en coincidencia con las afirmaciones que hizo esta mañana el delegado del Gobierno en Canarias, Salvador García Llanos, en le mismo sentido.

Para el PSC-PSOE es “incalificable la actitud de este sindicato, que ha revelado datos relacionados con la seguridad y la vida personal del ex ministro”. Los socialistas califican de “falso” que López Aguilar disponga de 11 escoltas, ya que ese servicio “es organizado por el Ministerio del Interior y es idéntico al del resto de ex ministros de Justicia”, insisten.

El servicio de escoltas, según el PSC, “no puede ser descalificado como un privilegio ni como un capricho”, sino, al contrario, sostienen los socialistas, “es un gravamen para la vida cotidiana de la persona protegida y se conlleva en un régimen de profesionalidad”.

Desde la organización socialista se agrega que “la profesionalidad en la custodia de cargos públicos, de ex ministros, de concejales, de periodistas y magistrados exige en todos los casos una reserva con respecto a su vida cotidiana”.

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Por último, el PSC califica de “irresponsable y muy grave” que el sindicato policial entienda que López Aguilar no sufre “ningún riesgo distinto al resto de los mortales”, cuando está a la altura del resto de ex ministros de Justicia como defensores de la lucha antiterrorista.

CC presenta una pregunta en el Congreso

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, registró una pregunta en la Cámara Baja para que el Gobierno explique “las razones que justifican” que se hayan destinado once agentes a su escolta personal cuando está en Canarias, denunciada por el vicesecretario general de PSC-PSOE, Francisco Hernández Spínola, ante la “tremenda irresponsabilidad y indecencia de Coalición Canaria” al intentar sacar “rédito político” instrumentalizando los servicios de protección personal del ex ministro de Justicia y secretario general del PSC, Juan Fernando López Aguilar.

En un comunicado, el PSC-PSOE deplora “el nulo rigor ético” del que hace gala una y otra vez CC, que “ha tratado de desprestigiar al ex ministro atribuyéndole un comportamiento que no se corresponde con la realidad, intentando difamarlo con falsas acusaciones, pues es evidente que la persona protegida no ha hecho un uso indebido de los servicios de seguridad que desde el Gobierno le están asignados”.

De hecho, el PSOE recuerda que el servicio de protección y seguridad “es permanente y, por lo tanto, debe acompañar siempre a la persona protegida en sus actividades”.

Spínola añade que los servicios de seguridad “no son una ostentación ni un capricho, ni tienen nada que ver con la voluntad de la persona escoltada”. Precisa que el dispositivo de seguridad de López Aguilar lo fijan los responsables policiales competentes que establecen el número de escoltas “con criterios objetivos de operatividad”.

“López Aguilar ?insiste- tiene exactamente la misma protección que el resto de ex ministros de justicia de la democracia”.

Añade que en cualquier sociedad democrática, los miembros del Gobierno y otros altos cargos representativos de organismos e instituciones así como representantes de partidos y grupos políticos en la oposición “disponen de servicio de protección sin que ello haya sido jamás cuestionado por ninguna formación política. CC, por primera vez, ha roto una regla de comportamiento de las fuerzas democráticas en España”, concluye.

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