Malestar en Triana por el cobro del IBI

Los representantes de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Triana se reunieron con los concejales de Empleo, Jaime Romero, Hacienda y Patrimonio, Agustín Gutiérrez y del Distrito Centro, María Amador, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para revisar la normativa que establece el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a edificios históricos.

El presidente de la asociación, José Rexachs, valoró positivamente el encuentro. Asegura que hubo buena predisposición por parte de los concejales de Empleo y del Distrito Centro y que el obstáculo se lo encontraron con el concejal de Hacienda y Patrimonio que, al parecer, se mostró más reacio a buscar una alternativa.

Al parecer, Agustín Gutiérrez mantiene que esta decisión es consecuencia de la reforma de una ley nacional y que incumplirla podría considerarse prevaricación. “Es igual que cuando te ponen una multa y tratas de hablar con el guardia para explicarle lo que ha pasado y lo único que te dice es que si tienes algún problema recurras”, explica Rexachs.

Insiste en que no es que no quieran pagar el impuesto, “no queremos hacer nada ilegal, pero nos parece una decisión precipitada y esperamos que se llegue a un acuerdo”.

Los empresarios manifestaron durante la reunión su preocupación por el daño que este cobro producirá en el tejido empresarial de la zona, que justo ahora comenzaba a levantar cabeza. “Obligará a cerrar comercios y a despedir a trabajadores”, explica Rexachs.

Una ley de hace más de una década eximía de pagar el IBI a 327 inmuebles de esa zona de la ciudad, catalogados como históricos, para contrarrestar las limitaciones que tienen sus propietarios a la hora de realizar cualquier tipo de obra. A cambio, eran ellos los únicos responsables del mantenimiento y conservación de los edificios. En septiembre de 2012 una modificación en la ley (que entraría en vigor en enero de este año) obliga a los dueños de esos edificios a pagar el impuesto.

El principal problema radica en que en la mayoría de esos edificios no está hecha la división horizontal, por lo que la tarifa que tienen que pagar los dueños corresponde al edificio completo, no a los metros destinados a la explotación comercial.

Rexachs pone como ejemplo de este caso a uno de los comerciantes de la zona que tendrá que pagar, si no se llega antes a un acuerdo, 8.000 euros cuando solo una planta del edificio está destinada a su comercio. “La única solución que le dan es que solicite un aplazamiento en el pago”, añade.