Mogán aprueba el pago de 11,5 millones por una expropiación y NC advierte: “La alcaldesa conduce al municipio a la bancarrota”

El pleno del Ayuntamiento de Mogán ha aprobado este viernes por la vía de urgencia abonar una indemnización de 11,5 millones de euros a la familia del Conde de la Vega Grande por la expropiación de de los terrenos en los que actualmente se levanta el centro deportivo David Silva y la Plaza Negra de Arguineguín. El interventor municipal ya ha advertido en un informe que la suscripción de un préstamo en 2022 para hacer frente a este pago supondrá “incumplir el principio de estabilidad presupuestaria y la aprobación de un plan de ajuste”. 

Nueva Canarias (NC), partido en la oposición en la corporación sureña, ha señalado en un comunicado que las decisiones adoptadas por la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno (Ciuca), conducen a Mogán “hacia la bancarrota y la parálisis de los servicios públicos”. La portavoz de esta formación, Isabel Santiago, ha remarcado que el remanente líquido de tesorería se ha reducido en más de 19 millones de euros en un año.

NC también ha anunciado que exigirá la puesta en marcha de un expediente de responsabilidad patrimonial para que “se depuren las responsabilidades políticas que procedan”. En los dos expedientes expropiatorios se reconoce la obligación de pago a la familia Del Castillo por importe de, al menos 11,5 millones, ante la demora en el inicio del expediente expropiatorio tras la aprobación de las normas subsidiarias de Mogán. 

Santiago ha recordado el “varapalo” que sufrió el Ayuntamiento en los tribunales por “el empecinamiento de la alcaldesa” en acudir a los tribunales para defender la actuación municipal y negar que se hubiesen ocupado de forma indebida esos terrenos por parte de la administración local. NC ha recordado que en 2015 el Consistorio sureño desestimó las solicitudes de indemnización a la familia Del Castillo al entender que no habían acreditado la posesión de las propiedades de los terrenos sobre los que se reclaman las expropiaciones, la conocida Plaza Negra y el área del complejo deportivo David Jiménez Silva.

Dos juzgados de lo contencioso-administrativo rechazaron en 2017 y 2018 las pretensiones de la familia del Conde de la Vega Grande. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó los recursos de los propietarios y reconoció su derecho a ser expropiados, revocando las resoluciones dictadas en primera instancia a favor del Ayuntamiento. 

Tras estos fallos, el Consistorio inició los expedientes expropiatorios que ahora finalizan una primera etapa con la aprobación plenaria del pago de 11,5 millones de euros. Una decisión que “no está exenta de controversia”, destaca Nueva Canarias, puesto que los importes fijados por los técnicos municipales “no toman como base los metros cuadrados que determinan las sentencias”, lo que en opinión de este partido “va a suponer un incremento de la litigiosidad y un incremento de la cuantía indemnizatoria a favor de la familia Del Castillo”.

Ante el rechazo de los propietarios de los terrenos a las cuantías fijadas por el Ayuntamiento en concepto de expropiación será la Comisión de Valoración la que establezca el justiprecio.

Para NC, esta situación se ha producido por “la negativa de la alcaldesa a sentarse a negociar con la familia del Castillo” antes de que el caso llegara a los tribunales, pudiendo “haberse reducido el coste de la expropiación” y evitar el incremento del endeudamiento de las cuentas públicas. 

Isabel Santiago, ha alertado de las consecuencias que se van a derivar de la concertación de la operación de crédito para hacer frente al pago de más de once millones de euros. Y es que, tal y como ha manifestado el interventor municipal en su informe, “el elevado gasto en inversiones durante el 2022 conduciría al Ayuntamiento de Mogán a liquidar el presupuesto con incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, lo que obligaría a aprobar un Plan Económico-Financiero.”

Para NC, esta aseveración debe relacionarse con las advertencias que viene formulando el interventor desde 2019, año en el que expresó en un informe que “el Ayuntamiento de Mogán corría riesgo de una disolución de sus órganos de gobierno por comprometer más gastos de los fijados en su plan económico-financiero 2019-2020, y verse ante la imposibilidad legal de decretar la indisponibilidad de créditos para esos gastos ya comprometidos”, llegando a definir la gestión del gobierno como “gravemente gravosa para los intereses generales”.

De tener que poner en marcha las medidas coercitivas que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, “la prestación de los servicios públicos y el pago de las nóminas de los trabajadores estarían en grave riesgo y señalarían a Onalia Bueno como la peor gestora que ha pasado por la alcaldía en décadas”, afirma Santiago. 

Desde NC señalan que en este último año las decisiones de la alcaldesa han supuesto que de los más de 20 millones de euros de los que disponía el Ayuntamiento en los bancos tan solo queden 301.819,55, lo que significa una reducción de 19'8 millones. Este dato es “de una gravedad sin precedentes”, pues significa que el municipio “ha pulverizado su capacidad para autofinanciarse, y lo que es peor aún, dejar sin respaldo financiero todos los servicios públicos que se prestan a los vecinos que más lo necesitan”.