NC reclama frenar la implantación de la ''pseudo-policía canaria''
Nueva Canarias (NC) insistió este martes en reclamar al Gobierno Autónomo “frenar la puesta en marcha del proyecto de la pseudo-policía canaria”, cuyas competencias afirma “han quedado reducidas a su mínima expresión” tras negociarlas con el Estado.
“Es verdad que la semana pasada se llegó a un compromiso con el Estado respecto a la policía canaria; sin embargo, el Gobierno canario ha intentado vender como un triunfo lo que en realidad ha sido un auténtico fracaso”, ya que, tras ese acuerdo, “este cuerpo de seguridad canario ha quedado reducido a una policía de juguete”, se afirma en un comunicado de la organización nacionalista.
“Y es que las funciones que se pretendía otorgar a este cuerpo de seguridad autónomo han quedado reducidas a su mínima expresión, como es la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios y dependencias de la Comunidad Autónoma”, se argumenta desde NC.
“Es una burla hacia la ciudadanía que, después de que se hayan dilapidado millones de euros de dinero público para la compra de un edificio en la capital tinerfeña que se destinará a academia o en el diseño de uniformes, y de que se disponga gastar otros 4 millones, como contemplan los presupuestos para 2009, sus funciones vayan a ser las propias de un servicio de vigilantes de seguridad”, añade.
Por todo lo expuesto, en el texto se señala que, “si en el Gobierno autonómico existiera algo de responsabilidad, aparcarían este proyecto, que no va a mejorar la seguridad en las Islas y que, por el contrario, va a suponer un derroche de recursos públicos en un momento crítico por las alarmantes cifras de paro y el empobrecimiento de las familias canarias”.
Desde ese parecer, la organización nacionalista subraya que “insta al Ejecutivo a que actúe con sensatez y posponga este proyecto, destinando el dinero que va a costar poner en marcha los primeros 50 efectivos y el resto del proyecto a otros menesteres como los servicios sociales”.
NC quiere matizar, en todo caso, que “es partidaria de que el Archipiélago tenga su propio cuerpo de policía, al igual que sucede en el País Vasco y en Cataluña”, pero que “cree que éste debe ser consensuado con el Estado, no sólo para financiarlo, sino para dotarlo de competencias, y que, además, debe hacerse en un momento más propicio y cuando sea una demanda de la ciudadanía”.
