Ofensiva parlamentaria de Podemos para atajar la pobreza energética en Canarias
Un año y medio después de que el Parlamento de Canarias aprobase sin ningún voto en contra una iniciativa del Grupo Socialista Canario contra la pobreza energética, Podemos sale a la palestra con una proposición de Ley y una proposición no legislativa con el fin de conseguir que esta vez el Gobierno regional sí cumpla con el mandato de la Cámara regional.
Conscientes de que la situación ha empeorado en estos 19 meses, Noemí Santana, Concepción Monzón y María del Río Sánchez han presentado dos textos para “garantizar el abastecimiento de energía a familias sin recursos”, toda vez que, como recordó Monzón, “un 37% de la población canaria está en riesgo de exclusión y 215.000 en pobreza severa” y, por tanto, “hay que dar una respuesta política a las familias que no pueden pagar los recibos de la luz”.
“Nos avergüenza que un 15% de los canarios sufra pobreza energética y que seamos la cuarta comunidad autónoma en número de hogares vulnerables”, ha asegurado Santana antes de diseccionar el contenido de la proposición legislativa: que el Gobierno de Canarias fije unas ayudas progresivas, de hasta el 100%, en el pago de los recibos de las tarifas energéticas en aquellos hogares vulnerables, con menores, en los que el consumo supere el 10% de sus ingresos.
“Esa ayuda será del 100% para las familias en pobreza extrema, del 35% al 50% para los hogares en pobreza severa y una tarifa social para las que estén en pobreza relativa”, afirmó Santana.
En este punto, María del Río Sánchez ha recordado que “detrás de un hombre pobre hay una mujer aún más pobre que él”, pues todas las cargas familiares recaen sobre ella y, además, esta situación de pobreza severa multiplica el factor de riesgo para ser víctima de violencia machista.“Es una vergüenza que el presidente del Gobierno no hiciera ni una referencia a las nuevas víctimas después de la multitudinaria manifestación que hubo en Madrid el sábado. ¿Qué hubiera pasado si fueran víctimas de un atentado terrorista”, se preguntó Sánchez.
El texto legislativo sobre pobreza energética es, según Santana, “plenamente constitucional” (hay que recordar que una Ley catalana similar ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional) y que incluye la reducción de los tipos del IGIC en las facturas de consumo energético “porque nuestra filosofía es que ”los impuestos que graban productos básicos deben ser reducidos“.
Junto a esta propuesta, la fuerza morada ha presentado una iniciativa, que se debatirá en la sesión plenaria del miércoles, 11 de noviembre, para instar al Gobierno del Estado a modificar el sistema de bono social, dando prioridad a la renta de los hogares por encima de la potencia contratada. Un bono que, para Santana, debe ser sufragado por “los 3,5 millones de euros de más” que las compañías eléctricas “deben devolver a la ciudadanía” por la sobrecompensación de los costes de transición a la competencia.
