La oposición da un tirón de orejas al Gobierno por la falta de un plan integral contra los vertidos al mar

Toda la oposición ha pedido este martes al Gobierno de Canarias un plan integral contra los vertidos incontrolados al mar, de los que en este año se han contabilizado hasta el 28 de septiembre 95 autorizados y 278 no autorizados, según datos oficiales.

La diputada de Nueva Canarias Gladys Acuña ha acusado en comisión parlamentaria al Ejecutivo regional de falta de planificación, aunque “al menos” haya hecho un censo, y ha criticado la obsoleta infraestructura de saneamiento y depuración.

Gladys Acuña ha denunciado que hay núcleos que vierten al mar directamente porque no tienen saneamiento, por lo que espera que el Gobierno canario elabore plan estratégico e integral “porque de lo contrario no vamos a acabar nunca con esto”.

También la diputada del PP Luz Reverón ha opinado que el Ejecutivo tendrá que adoptar medidas para tratar de minimizar lo que está pasando.

Luz Reverón ha reclamado al Gobierno un plan integral de choque que “por lo menos vaya poniendo medidas” para lo que queda de legislatura y que utilice los medios públicos para concienciar a los ciudadanos.

La diputada del PSOE Nayra Alemán ha lamentado que las infraestructuras de depuración son obsoletas en el mejor de los casos, porque en muchos casos son inexistentes, lo cual, a su juicio, es bastante escandaloso.

El diputado de Podemos Manuel Marrero ha culpado a los gobiernos anteriores por inacción y, de forma irónica, se ha preguntado si hay algún emisario submarino que no esté roto. De hecho, el diputado ha retado a la consejera a “mostrar un solo ejemplo de un emisario submarino que no esté roto y funcione adecuadamente”.

“La totalidad de los emisarios submarinos de Canarias presenta roturas e incumple las normas en lo que se refiere a la distancia de 500 metros de la costa, que también está en función de la profundidad”, ha asegurado el diputado de la formación morada.

Marrero, que ha mostrado material fotográfico a los componentes de la Comisión, ha puesto los ejemplos del “aliviadero de Emmasa” en las costas de Santa Cruz (“que se usa cuando se colmatan los tanques de depuración y las conducciones o se obstruyen o no absorben todo el caudal de aguas fecales e industriales”) o “la tubería de los desagües que pasa por un lateral del muelle” de San Sebastián de La Gomera, que “termina en un agujero que vierte directamente al mar, sin conexión alguna con el emisario submarino”.

También le ha reprochado al Gobierno que haya descuidado “bastante” la depuración y el saneamiento, a pesar de que es su obligación, porque “no se pueden inaugurar tuberías bajo tierra”.

Asimismo, el diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos Chinea ha exigido un plan integral contra vertidos al mar que incluya desde el Gobierno central a los ayuntamientos.

“No cabe duda que somos una comunidad que genera gran cantidad de aguas residuales por nuestra dependencia del turismo”, ha manifestado el diputado de La Gomera, quien ha censurado que, en muchos casos, las infraestructuras no son adecuadas al crecimiento de la población y el turismo.

Por ello, ha añadido, es esencial firmar un convenio en materia de aguas con el Gobierno central para que las depuradoras puedan mejorar el tratamiento de aguas que vierten al mar.

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha admitido que “no van a estar las depuradoras pasado mañana aunque se trabaja para solucionar un problema histórico en Canarias”.

La consejera ha admitido “la realidad” y ha asegurado que hay que poner los medios “para que las cosas se arreglen”, al tiempo que ha reconocido que no se le ha dado la importancia a la depuración y saneamiento que se le tenía que dar.

Ha destacado que hasta el año pasado no había un censo de vertidos al mar actualizado, que está colgado en la web de la Consejería, y tampoco se realizaban inspecciones para comprobar los planes de vigilancia y control que presentan de forma anual las instituciones o particulares que vierten al mar.

Según la consejera, el Ejecutivo, que es el que otorga la autorización para poder verter al mar aguas residuales, destina 700.000 euros al año a la vigilancia y control de los vertidos al mar con el fin de comprobar que se hace con el tratamiento adecuado.