La oposición rechaza el informe jurídico del taxi
Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han rechazado el informe jurídico esgrimido por el Grupo de Gobierno Popular, que concluye que el número de licencias de taxi por persona no puede ser reducido por las administraciones locales a través de sus reglamentos.
El concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, recordó durante el pleno celebrado este miércoles en las Casas Consistoriales que el Partido Popular (PP) se comprometió a analizar la viabilidad legal de que en la nueva ordenanza del taxi, que continúa en tramitación, cada licencia se adjudicase a una persona física. Sin embargo, el informe solicitado a la Asesoría Jurídica Municipal eleva este punto a la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera y al Reglamento Regional del Taxi, que incrementa hasta cinco, el número de permisos acumulados por titular.
El concejal de Nueva Canarias (NC), Eduardo Ramírez, señaló que el mencionado texto “se puede contrastar con otros que nos dicen lo contrario” y solicitó a Sabroso que “ponga coraje político” en la materia. Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Mena, cuestionó la voluntad del Grupo de Gobierno de rebajar el número de licencias por persona al no mostrar intención de pedir un nuevo informe.
Para la presidenta de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, tanto el Reglamento autonómico, como la Ley de 2007, dejan abierta la posibilidad de que los ayuntamientos puedan establecer una limitación “si quieren”.
Sabroso rechazó que se continuara en “la mentira interesada” y, aunque se mostró a favor de que los permisos no se acumulen, añadió que “la Ley dice lo que dice”. En respuesta a la petición de Mena de adecuar el número de licencias de la ciudad, ironizó con que se tenga que indemnizar a los titulares a los que se detraiga el permiso con el “espléndido margen presupuestario” del Ayuntamiento.
Elaboración de un diagnóstico
El pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por Compromiso por Gran Canaria que, tras ser enmendada por el Grupo de Gobierno, termina instando a que el nuevo Reglamento Municipal del Taxi incluya artículos del texto en vigor que fijan una revisión anual del sector. Del resultado de dichas inspecciones, el Consistorio elaborará un diagnóstico y tomará medidas para eliminar la figura del flotero.
Las palabras que resultaron enmendadas por el Partido Popular (PP) se centraron en el tiempo verbal de la moción, porque Barrios denunció que la administración capitalina no ha llevado a cabo “nunca” la revisión anual del sector que se elabora en colaboración con la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y se encuentra fijada en el Reglamento. Una reivindicación que, según dijo, parte de las conversaciones mantenidas con los trabajadores del sector.
Barrios manifestó que el Ayuntamiento “nada ha hecho” para resolver el problema de los floteros a pesar de contar con instrumentos. Algo a lo que también se refirió Ramírez, que cuestionó los motivos por los que la Corporación no denunció la situación ante la Justicia, como sí hizo un particular, lo que desembocó en una actuación policial llevada a cabo a principios del presente mes por Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda y el Juzgado de Instrucción 8 de la capital. “Tenían que haber denunciado”, insistió.
Un argumento semejante lo esgrimió Mena, que acusó al PP de no haber hecho nada en dos años y recomendó al concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, que “haga algo, mueva un papel, haga las inspecciones correspondientes” y que “no mire para otro lado. Al final parece que está del lado de los floteros”, apostilló.
Sabroso lamentó las “ganas de confundir de forma interesada” de la oposición y aseguró que se están llevando a cabo las inspecciones “como nunca antes”. Al respecto, explicó que en el año 2008 se tramitaron 15 expedientes sancionadores en el sector del taxi, al año siguiente, 65 y en 2010, 89. Una cifra que en 2011 se incrementó hasta los 140 y en 2012, hasta los 188.
El portavoz popular recordó que el problema de los floteros existe desde “hace más de 30 años” en la ciudad, exigió a los grupos de la oposición “no jugar con la imagen del Ayuntamiento”, y les invitó a hacer las alegaciones pertinentes al nuevo Reglamento Municipal del Taxi.