El Parlamento de Canarias logra localizar a seis comparecientes en la comisión de investigación por el caso mascarillas

El Parlamento de Canarias ha logrado notificar la comparecencia (por ahora) a seis personas de las 56 solicitadas por los grupos parlamentarios en la comisión de investigación de material sanitario durante la pandemia, de tal manera que arrancará definitivamente el próximo lunes, 8 de julio.

Así, según la documentación facilitada por la Cámara, las sesiones de trabajo se iniciarán a las 10.00 horas con Óscar Trujillo, CEO de One Airways, compañía que facilitó el traslado de material sanitario al archipiélago, y seguirán a las 12.00 y las 13.30 horas con el rector de la Ulpgc, Lluis Serra y la experta en Economía de la Salud, Beatriz González, que fueron miembros del comité de gestión sanitaria.

La comisión debía de haber empezado este pasado lunes pero los intentos de la Cámara por localizar tanto a Koldo García, el exasesor del Ministerio de Transportes, como Juan Manuel Pérez, denunciante del caso mascarillas, pese a utilizar incluso a servicios policiales, fueron infructuosos.

Por ahora, la segunda sesión de la comisión se celebrará el 15 de julio con la presencia de Clara Isabel Cabrera --10.00 horas--, administradora única de la empresa Titerro International SL, dedicada al comercio mayorista; Kevin Sánchez --12.00 horas--, administrador único de la empresa Yimbo 7 Inversiones, implicada en un traspaso de fondos en el caso mascarillas y Carlos Sánchez Muñoz --13.30 horas--, CEO de ACJ, SAU, uno de los principales proveedores sanitarios del Gobierno canario.

A la comisión, que se extenderá durante un máximo de seis meses, se espera que acudan también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el dueño de RR7 United, la empresa que dio pie al caso mascarillas y la investigación por una estafa de cuatro millones de euros, Íñigo Rotaexte, apoderado de Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas S.L, empresa vinculada al caso Koldo, y diversos políticos y funcionarios.

Protocolo de notificaciones

El protocolo utilizado por la comisión consiste en enviar dos notificaciones vía burofax y, si son infructuosas, se recurre a las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía Canaria o la Policía Local de los municipios donde reside el compareciente.

“Entre los nuevos domicilios aportados por la Policía Nacional y las pesquisas que hemos encargado esperamos que el número de notificados aumente”, ha declarado Raúl Acosta.

Como ejemplo ha citado al exasesor del Ministerio de Fomento Koldo García, pues la Policía Nacional se personó en uno de sus domicilios, donde tampoco se encontraba pero una persona que manifestó ser una inquilina aportó otra dirección de otra vivienda donde previsiblemente pudiera estar.

Por ello la comisión no ha descartado que vuelva a enviarse el requerimiento correspondiente a esta nueva dirección “a ver si es posible su notificación mandando a las fuerzas de seguridad”, ha explicado Acosta, quien no obstante ha señalado que aún no se ha establecido el calendario de trabajo de la comisión en septiembre.

“Todavía no tenemos la fecha para incluirlo a él o a otros que estén en la misma situación” en septiembre, ha continuado el presidente de la Mesa, para recordar que si en los siete días hábiles previos a la citación no se ha notificado al compareciente se podrá suspender la sesión parlamentaria salvo que expresamente esa persona indique que desea acudir a la comisión. 

Los casos Mascarillas en Canarias

La primera vez que se escuchó hablar en Canarias de un caso Mascarillas fue en mayo de 2022. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció que investigaba al Servicio Canario de la Salud, que pagó cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por unas mascarillas que nunca llegaron. La querella se dirigía al que era entonces el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (que dimitió de su cargo) por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, mientras que al adjudicatario, Rayco Rodríguez, se le imputa una estafa agravada y blanqueo de capitales. Casi dos años después, la comunidad autónoma volvió a estar señalada por haber comprado gran parte del material sanitario de la trama Koldo, el presunto fraude por parte de un asesor del exministro José Luis Ábalos. Y en la misma semana se conocía un tercer caso relacionado con la compra de este material y que investiga a cuatro empresarios por delito contra la Hacienda Pública.