Paulino Rivero elude referirse a 'Montaña Rayada'
Paulino Rivero, presidente del Gobierno autónomo, aseguró este martes en Bruselas que “no viajo 10 horas para venir a Bruselas, para ver al señor José Manuel Barroso (presidente de la Comisión Europea)” y “hablar de temas de Canarias”.
Rivero fue preguntado por el pago de más de 33 millones de euros que tramitó su Ejecutivo en septiembre pasado por el caso de Montaña Rayada (Fuerteventura), a la empresa del mismo nombre, que sacó a la luz este fin de semana el líder de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, y que este lunes reiteró el portavoz del mismo partido en el Parlamento regional, Santiago Pérez.
En la misma cuestión, el líder del Ejecutivo de las Islas fue interpelado sobre por qué su Gobierno se niega a abonar el primer plazo del caso Tebeto (otra montaña de Fuerteventura), cuyo montante ronda también los 33 millones de euros que sí pagará de Montaña Rayada, a lo que Rivero respondió que “cuando llegue a Canarias, hablaré de ese y otros asuntos”.
Según lo denunciado por los socialistas, el pasado mes de septiembre el Gobierno canario dio luz verde al pago de algo más de 33 millones de euros por un caso parecido al de la montaña de Tebeto, aunque con menos eco para la opinión pública, por lo que criticaron que “el Ejecutivo silenció esta sentencia que anula cambios en el planeamiento urbanístico realizados en 1990”.
Pérez explicó que un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de noviembre de 2006, obliga al Ejecutivo a pagar a la empresa Montaña Rayada S.A. por el litigio con unos terrenos majoreros en la montaña del mismo nombre. Ese auto parte de la anulación a la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias) del suelo que recalificó hace casi 20 años, unos terrenos situados en Montaña Rayada declarados como suelo rústico y que el TSJC obliga a mantener como suelo urbanizable no programado.
El Gobierno emite un comunicado
El Gobierno de Canarias señaló este martes que la aplicación de la Ley de Espacios Naturales de Canarias de 1987 y la Ley estatal de Suelos y Valoraciones de 1998 ha obligado a abonar una indemnización que sobrepasa los 33 millones de euros a la empresa Montaya Rayada S.A. por el litigio que mantenían tras la desclasificación de unos terrenos en 1990.
Según señala el comunicado hecho público este martes por el Gobierno regional, la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) informó en 2002 de la imposibilidad de volver a clasificar como suelo urbanizable no programado los terrenos de Montaña Rayada, como consecuencia de estar integrado en la delimitación de un Espacio Natural, declarado ya en el año 1987, que obligaba a clasificar dichos suelos no transformados como rústicos de protección natural, además de no existir ya la categoría de suelo 'urbanizable no programado' por haber desaparecido con la Ley Estatal 6/98 del régimen del Suelo y Valoraciones.
Como consecuencia de la imposibilidad de calificar el suelo como urbanizable, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través de un auto de 28 de noviembre de 2006, estableció el derecho de los recurrentes a ser indemnizados por la diferencia del valor del suelo urbanizable no programado a rústico, ahora denominado de protección natural, que evaluó en 29.352.289 euros, más el interés legal del dinero desde la fecha de su notificación, que en el momento de la ejecución de la sentencia era de 33.108.577 euros.
Según la nota gubernamental, “este auto fue recurrido por el Gobierno autónomo en casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente lo inadmitió el 19 de octubre de 2008 adquiriendo firmeza la indemnización. Por lo que, el 14 de septiembre de 2009, el Gobierno de Canarias para su cumplimiento acordó la consiguiente retención de crédito”.
