La Policía Judicial de Santa Cruz destapa una posible red de tráfico de influencias
Las investigaciones que se han desarrollado a través de documentación incautada en uno de los denominados pisos francos de Santa Cruz de Tenerife en relación con el denominado caso de Las Teresitas ha llevado a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife hasta una posible red de tráfico de influencias.Así se recoge este jueves en el periódico La Provincia/DLP que señala que “un Juzgado de Instrucción de la capital tinerfeña mantiene abierta en estos momentos una importante investigación con dos ramificaciones: la campaña electoral del Centro Canario Nacionalista (CCN) y un red de tráfico de influencias que podría alcanzar a instituciones de ámbito regional, insular y municipal cuya nómina de imputados en las próximas semanas podría alcanzar la veintena, la mitad de ellos cargos públicos”.
El diario expone que las investigaciones comenzaron con la incautación de documentos en uno de los pisos de un imputado en el caso de Las Teresitas, concretamente, el empresario Ignacio González. Estos informes -solicitados por la magistrada Carla Bellini- condujeron a la campaña electoral del CCN. Revelaron ciertos aspectos que podrían constituir delito, “por lo que se decidió abrir una pieza separada que se remitió a los juzgados de Santa Cruz”.
Entre los indicios, se ha hablado de la relación paterno filial entre el empresario imputado en Las Teresitas con el líder del CCN, Ignacio González Santiago que incluye la financiación del partido en las pasadas elecciones. En junio, según el periódico, ya se abrió una investigación en relación con la financiación del partido nacionalista “ante los indicios del que el dinero con el que se financia el CCN pudiera proceder de la compraventa de Las Teresitas”.
También se ha contemplado que dicha formación política pudiera haber incumplido con la Ley Electoral que establece un límite de gastos en los partidos.
Por otro lado, y durante las investigaciones, se detectó que “una serie de personas podrían estar utilizando sus altos contactos en la política para verse beneficiadas por contratos en las administraciones públicas. Incluso, algunos estarían poniendo en funcionamiento empresa ad hoc exclusivamente cuando tienen la certeza de que serán beneficiados por distintos contratos públicos” expone el diario.
