El PP pide al TSJC que asuma el 'caso CCN'
El portavoz parlamentario del PP en el área de Justicia, Emilio Moreno, ha asegurado que “carecen de cualquier relevancia” las conversaciones telefónicas entre el ex consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, y el ex presidente del Gobierno Lorenzo Olarte en la que este, supuestamente, le habría pedido que intercediera para reducir la cuantía de una subvención que debía devolver a la Comunidad Autónoma.
“No pueden entenderse, además, que esas atribuciones que salen en prensa sean consideradas fuera de la legalidad, y debe despejarse cualquier sombra de duda en las actuaciones llevadas a cabo y atribuidas a nuestro presidente regional”, ha afirmado en rueda de prensa.
Así ha reaccionado el Grupo Parlamentario Popular a la publicación en La Provincia y La Opinión de Tenerife en las que se asegura que la fiscal Anticorrupción María Farnés ha remitido un escrito en el que se transcriben horas de conversaciones de Olarte con dirigentes del PP, PSC y CC a los que pide un trato de favor para sus negocios.
“Entendemos necesario, además, que se produzca la intervención inmediata por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al verse involucradas personas, no solo del PP, sino también de otros partidos políticos y del Gobierno y que se tratan, evidentemente, de personas aforadas”, afirmó.
Por tanto, y “con carácter urgente”, los diputados conservadores exigen que “se debe soslayar la posibilidad de someter a nuestro presidente José Manuel Soria a una exposición pública”, por lo que los tribunales deben “actuar con celeridad”
Tráfico de favores
Las conversaciones de Olarte que ahora Farnés quiere que sean investigadas forman parte de una pieza separada abierta a partir de la ´operación Hubara´ sobre la presunta financiación ilegal del CCN.
En esas conversaciones aparecen el ex vicepresidente del Gobierno y líder del PP, José Manuel Soria, el actual consejero socialista de Presidencia y Justicia, Francisco Fernández Spínola, y el consejero de Ordenación del Territorio, Domingo Berriel.
Con respecto a Soria, y siempre según las informaciones publicadas por ambos periódicos, el ex consejero de Economía y Hacienda podría haber mediado con la entonces directora general María del Carmen Hernández Bento para reducir el reintegro de una subvención mal utilizada por Olarte y, después, para agilizar el pago de la siguiente, correspondiente al año 2010.
Al respecto, Moreno ha asegurado que todas las acciones de Soria cuando estuvo en el Gobierno estuvieron sujetas a la “estricta legalidad”, e hizo hincapié en el hecho de que “resulta llamativo que las personas afectadas por esta información conozcan” su supuestas implicaciones “por vía periodística y fuera del proceso” judicial abierto.
el artículo continúa después del siguiente mensaje
23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
“Causa extrañeza, además, que por parte de la Fiscalía se sorprenda y se considere no adecuado que por parte de la Administración de la Hacienda pública se reclame el reintegro de una subvención destinada a fines distintos para los que se pidió”, sobre todo porque el proceso concluye con el “reintegro íntegro” de la misma.
En cuanto a la petición de Olarte a Soria para agilizar la subvención del año 2010, el portavoz de Justicia del PP afirmó que debido a la crisis económica “gran parte de empresarios y ciudadanos exigían a las administraciones públicas la agilización de los pagos pendientes”.