El PP, solo en sus críticas al Diputado del Común
¿Cuánto cuesta la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos? Según el Grupo Popular, “1.800 euros” por cada persona a la que el Diputado del Común ha tramitado una queja.
Un dispendio, según el diputado conservador Emilio Moreno, en un momento de dramática crisis como el actual, en el que incluso la sociedad está poniendo en cuestión el Estado de las Autonomías o si España debe seguir siendo monárquica o abrazar el republicanismo.
“Es mejor no generar solapamientos ni duplicidades con el Defensor del Pueblo en época de crisis”, afirmó Moreno en el Parlamento regional.
Tres millones de euros es el presupuesto del Diputado del Común, una institución a la que solamente ha acudido el pasado año el “0'07% de los canarios”, cifra que ha repetido enfáticamente Moreno hasta tres veces para llegar a la conclusión de que “se hace necesario abordar el replanteamiento de la institución”.
E, incluso, cerrarla. Porque “los 60 diputados podríamos recuperar las tareas que hace el Diputado del Común y acercarnos así a los ciudadanos”, como sucede en el Reino Unido.
“El Diputado del Común se ha convertido en un capricho político sin apenas utilidad, pues cualquier juzgado de primera instancia resuelve más conflictos reales con muchísimo menos presupuesto”, concluyó Moreno.
Todas estas argumentaciones las esgrimió Moreno durante la presentación del informe del año 2012 del Diputado del Común por parte de su titular, Jerónimo Saavedra, ante el pleno de la Cámara regional.
Demagogia economicista
Unas críticas que Saavedra calificó de demagógicas, por reducir un derecho a un mero criterio economicista, y a las que contestó con contundencia: “el Diputado del Común perfecciona la democracia representativa y nos aproxima a la democracia participativa que se reivindica en las calles y plazas”.
Las críticas no fueron secundadas por el resto de los grupos parlamentarios, que se negaron a entrar en “una campaña de desprestigio de la institución”, como afirmó Carmen Hernández, diputada del Grupo Mixto (NC-PIL).
Con todo, Hernández insistió en el preocupante desconocimiento que el Diputado del Común tiene entre los canarios (el famoso 0,07% que esgrime el PP), por lo que alentó a Saavedra a conseguir que la ciudadanía se acerque a la institución cada vez que tiene un problema.
“Parece difícil de explicar que, con la que está cayendo, exista tal desconocimiento del Diputado del Común y que la gente, cuando hablamos con ella y les decimos que acudan a la misma, nos responda que no lo consideran útil”, dijo la diputada de NC.
Aunque alabó la actuación de Saavedra por tramitar los expedientes que dejó abiertos su antecesor en el cargo, sobre todo en materia de menores, Hernández le instó a “actuar más de oficio”, como hace su homólogo en Euskadi.
El último reducto
Por su parte, el socialista Manuel Fajardo insistió en que la institución debe tener continuidad porque, a pesar las críticas del PP, la misma es “el último reducto al que los ciudadanos acuden para que las Administraciones públicas cumplan con la Ley”.
La nacionalista Flora Marrero también apoyó a la institución, y pidió a Saavedra que “esté presente en las redes sociales” con el fin de educar a la sociedad desde edad temprana sobre los deberes legales.
El informe del Diputado del Común del año 2012 ha sido uno de los más duros y polémicos de la institución hacia el Gobierno de Canarias, por sus críticas a la aplicación de la Ley de Dependencia, su política en materia de viviendas o por cuestionar la constitucionalidad de la rebaja salarial y laboral del 20% a parte de los funcionarios de la Comunidad Autónoma.
Según el informe, el Diputado del Común ha recibido en 2012 un total de 1.586 quejas (el 30% más de reclamaciones que en 2011), y resuelto 1.424 correspondientes a años anteriores, pues había sin resolver desde el año 2005 y ahora solo queda una, que es del año 2009.
