El PSOE ficha para modernizar el Cabildo de Gran Canaria al jefe de personal al que reprobó por su gestión con el PP en la capital

El Cabildo de Gran Canaria tiene desde principios de septiembre un nuevo director de Función Pública y Nuevas Tecnologías. Se trata de José María Cabrera, funcionario de carrera del más alto escalafón de la administración, el A1, que cuenta con una dilatada trayectoria de cargos públicos en corporaciones gobernadas por partidos de distinto signo político y algún episodio polémico, como el que protagonizó durante su estancia en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entre enero de 2012 y octubre de 2014, durante el mandato de Juan José Cardona (Partido Popular). Cabrera ha obtenido la plaza tras concurrir, junto a otros siete candidatos, al concurso convocado el pasado mes de junio por la Consejería del mismo nombre, que lidera la socialista Margarita González Cubas. Su objetivo es modernizar y renovar la institución.

Durante este último año, el nuevo director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, que tiene plaza de funcionario en la corporación insular, había ejercido en el Ayuntamiento de Telde, gobernado a través de la fórmula de la alcaldía a tiempo compartido por Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), como jefe de Recursos Humanos. Cabrera accedió a esa plaza, también por concurso, después de haber estado durante el trienio anterior en el Gobierno de Canarias (el primer año con CC y PSOE y los dos últimos, con los nacionalistas en solitario), como consultor en la Dirección General de Modernización y Calidad de los servicios.

A ese cargo en la administración autonómica había llegado tan solo un año después de desvincularse del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde había vivido una etapa muy convulsa, de una gran conflictividad laboral, como consecuencia de las decisiones que adoptó en materia de personal junto al entonces director de gobierno de Presidencia y Seguridad, Claudio Rivero. Durante esa etapa se aprobaron dos Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que acabaron siendo anuladas por la justicia por falta de negociación con la parte social, al igual que otras medidas que conllevaron pérdidas retributivas para la plantilla.

La gestión del PP en esta área fue duramente criticada por el PSOE en el Ayuntamiento, el mismo partido que ahora lo ha fichado para el Cabildo. A principios de 2019, el concejal de Recursos Humanos de la corporación local, el socialista Mario Regidor, llegó a asegurar que la formación conservadora había “lastrado” cualquier iniciativa en el área al haber dejado un agujero de 20 millones de euros en concepto de indemnizaciones a los trabajadores como consecuencia de las sentencias que fueron recayendo contra el Consistorio debido a los recortes de esa época.

Seis años después, José María Cabrera, que siempre ha defendido su actuación durante esos años (“La RPT era una obligación, no una opción”, dijo en una entrevista en La Provincia a los días de abandonar el puesto), aterriza en el Cabildo de Gran Canaria y, precisamente, en una consejería del PSOE. En declaraciones a este periódico, el alto cargo señala que su proyecto para el área de Función Público y Nuevas Tecnologías consiste en “implementar y dar velocidad” a las medidas incorporadas en el programa de gobierno del pacto entre socialistas y NC.

En el plano de los Recursos Humanos, el funcionario se ha propuesto reforzar “las líneas que se habían trazado desde el anterior mandato”, que resume en “una mejora en la profesionalización de la plantilla, en la comunicación interna y en los procesos que incrementen la productividad y la conciliación de la vida laboral y familiar”, además de “modernizar los protocolos contra el acoso laboral y contra el acoso sexual”. Su estrategia para incentivar esa “profesionalización” del personal de la corporación insular se articula en tres ejes. En primer lugar, la “capacitación”. “Queremos dar un impulso importante al plan de formación del Cabildo. Es potente, vi la memoria del año pasado y lo conozco, porque además soy funcionario del Cabildo. Es una de las facetas que pueden hacer que los empleados tengan el nivel profesional que pide la ciudadanía”.

Como segundo pilar señala la “motivación”, es decir, “responder al derecho de los empleados públicos a la carrera profesional, a la promoción interna, a la promoción a jefaturas”. La tercera pata es la evaluación. “Pretendemos implantar un sistema de dirección por objetivo, aspiramos a tenerlo antes que el propio Gobierno. Tiene que servir para detectar dónde estamos fallando y mejorarlo”. Cabrera reconoce que este tipo de modelo infunde temor entre los profesionales del sector público. “Siempre se habla de las consecuencias duras del sistema: si lo haces bien, te pago más. Y si no, te castigo. Sin embargo, el sistema funciona mejor si empiezas con las consecuencias blandas. Si lo estás haciendo mal, es probablemente porque te falta formación para hacerlo bien o te faltan los medios. Por ejemplo, una buena administración electrónica”.

Ese es, precisamente, la principal tarea que tiene por delante en el otro ámbito de actuación que se le ha encomendado. “Hay que modernizar desde una visión funcional, intentando simplificar los procedimientos. Una birria, aunque sea telematizada, seguirá siendo una birria. Hay que ver la experiencia del usuario y, bajo esa fórmula, intentar que la administración electrónica entre con fuerza”, sostiene Cabrera, que admite que el Cabildo debería estar “mucho más avanzado” en esta materia. “Casi ninguna administración puede decir que ha hecho los deberes a tiempo”, añade el alto cargo, que pone como ejemplo exitoso el Cabildo de El Hierro. “Fichó a un director general y se puso en los mejores índices en las páginas de transparencia”, remarca el funcionario, que ensalza la figura del responsable de ese cambio, Daniel González que ahora trabaja para el Cabildo de Tenerife y que presentó recientemente el plan de modernización de esta institución.

En su nuevo puesto, Cabrera percibirá una retribución bruta anual (sin contabilizar antigüedad) de 58.036 euros, distribuidos en catorce pagas.