Los cargos públicos y directivos del Cabildo de Gran Canaria harán públicos sus bienes
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció este viernes que ha dado orden para que se inicie el procedimiento para hacer pública la declaración de bienes de los cargos públicos y directivos del Cabildo, una declaración que ya hicieron los consejeros y consejeras al inicio del mandato, pero que precisaba esta regulación para poderlos hacer públicos.
Así lo ha anunciado en el pleno celebrado este viernes en el que el Cabildo aprobó por unanimidad el reglamento de funcionamiento de la institución y de su pleno, un consenso histórico que se produce por primera vez en la trayectoria de la Corporación y que la dota así de un instrumento sólido que mejorará el ejercicio de sus funciones.
Los portavoces de los grupos celebraron haber alcanzado los acuerdos necesarios para que esta aprobación se produjera con apoyo de todos los miembros del pleno, ya que en los intentos anteriores, en 2004 y 2012, los reglamentos salieron adelante por mayoría absoluta de los gobernantes, pero no por unanimidad.
Este consenso, apostilló Antonio Morales, es muy importante dada la trascendencia e implicaciones de estos reglamentos en los que tanto gobierno como oposición se sienten representados, lo que le confiere solidez y estabilidad institucional.
El reglamento del Cabildo recoge además el Tribunal Administrativo para Contratos Públicos, que tras su aprobación en Consejo de Gobierno, comienza a operar este mismo mes de septiembre.
Tanto el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Cabildo, así como el Reglamento Orgánico d Pleno, serán publicados y tendrán un plazo de 20 días para la presentación de alegaciones, en cuyo caso será aprobado definitivamente en el próximo pleno, si bien, una vez cumplido ese plazo, de no recibir alegaciones, entrará en vigor de forma automática.
Ello permitirá afrontar diversidad de acciones que estaban pendientes de la entrada en vigor de estos reglamentos, aprobados en tiempo y forma, subrayó el vicepresidente primero, Ángel Víctor Torres, durante el pleno del Cabildo quien recordó que el aprovechamiento del plazo dado por la ley para su aprobación ha permitido madurar las posturas de los distintos grupos políticos y alcanzar el consenso, algo que los grupos de la oposición reconocieron que no se habría producido hace un mes, cuando hubo que posponer la aprobación a un pleno extraordinario.
Destacó asimismo la rigurosidad de la exposición del documento y la flexibilidad que ha hecho posible alcanzar esta unanimidad, que por otra parte, apuntó, no era sencilla.
Miguel Montero, portavoz de Podemos, se congratuló asimismo del grado de consenso alcanzado, objetivo de partida del gobierno, y subrayó que la participación ciudadana tiene tanta importancia para el grupo gobernante que tendrá un reglamento propio.
El consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Brito, explicó que la obligación legal de contar con estos reglamentos quiso ser aprovechada para lograr textos “que tanto administrativa como políticamente son muy positivos”, ya que “simplifica, agiliza y unifica la normativa”.
Y es que estos documentos actualizan y regularizan aspectos del funcionamiento interno de la institución que se ejecutaban de hecho sin esta cobertura y recoge también aquellos que ni siquiera era posible efectuar por falta de respaldo reglamentario, de modo que ahora la gestión mejorará.
En el aspecto político destacó el interés del grupo de gobierno por lograrlo con unanimidad. “Nos parecía preferible que gobierno y oposición se sintieran lo suficientemente representados” como para dar su apoyo y que ambas partes cuenten así con los instrumentos y circunstancias necesarias para ejercer sus labores. “Todos están básicamente de acuerdo y a la vez no refleja todo lo de todos”, flexibilidad que finalmente se transformó en acuerdo unánime.
