Puertos de Tenerife pagó a una boutique una factura de “apoyo informativo” para camuflar un pago irregular a una asesora de su presidente Ricardo Melchior

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife abonó en 2016 una factura de 2.391 euros, en concepto de “apoyo informativo y logístico de medios de comunicación”, al dueño de una boutique de moda y lencería para encubrir un pago irregular a una asesora del entonces presidente del ente, Ricardo Melchior, cuya contratación ya estaba bajo sospecha y que fue la semilla de la macrocausa por la que se investiga al histórico político de Coalición Canaria (CC).

Ricardo Melchior logró este jueves suspender por segunda vez su declaración en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife tras alegar problemas de salud, según confirmaron fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El expresidente del Cabildo está imputado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil; todos ellos relacionados con su gestión al frente de la Autoridad Portuaria. También se ha aplazado el interrogatorio de otras dos personas, una de ellas la trabajadora que se habría beneficiado del pago irregular.

La tercera fecha señalada para interrogar al expresidente de Puertos se ha fijado el 5 de febrero, el mismo día en que también tendrán que acudir a declarar en condición de investigadas otras tres personas, entre las que figura el propietario de la boutique. La ronda judicial concluirá el 12 de febrero con la citación de cinco testigos relacionados con el organigrama de la Autoridad Portuaria de Tenerife y con la Intervención General de la Administración del Estado, según consta en una providencia dictada en diciembre por la jueza instructora de la causa.

La factura abonada a la tienda de moda, que tuvo entrada en Puertos el 16 de julio de 2016, fue autorizada por el exdirector del ente José Rafael Díaz, que posteriormente emitió un informe donde advertía de las presuntas irregularidades que había detectado en el pago. Según su escrito, que forma parte del expediente y de la documentación que obra en poder del Juzgado de Instrucción Número 5, tras “no encontrar soporte documental del concepto que se menciona”, procedió a consultar directamente al proveedor, que reconoció los hechos.

En el informe, José Rafael Díaz asegura que el dueño de la boutique admitió que “no existe tal trabajo y que la factura la emitió de favor y a petición” de la asesora de Ricardo Melchior. En el escrito, siempre según manifiesta el exdirector de Puertos, el proveedor admitió que ingresó el dinero cobrado de Puertos en “una cuenta corriente” de la entonces asesora de comunicación del presidente.

El propio Díaz explica en el documento que la factura irregular se emitió después de que “advirtiera previamente de que los abonos no se ajustaban a derecho, interrumpiendo dichos pagos precisamente en esa época”. El exdirector de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife justifica su firma inicial de la factura porque “desconocía estos hechos”, pero aclara que quiso dejar constancia “una vez conocida la gravedad” del procedimiento empleado.

Pagos irregulares

La asesora de Ricardo Melchior, una de las dos trabajadores que fueron contratadas a dedo de forma ilegal por el expresidente de Puertos, cobró 35.221 euros de la Autoridad Portuaria entre el 28 de diciembre de 2015 y el 10 de julio de 2017, pero se produce un vacío en el que no se registran pagos, entre julio de 2016 y enero de 2017, en el que habría seguido recibiendo abonos encubiertos del ente a través de terceras empresas, como la boutique investigada.

En la documentación que compone las diligencias previas por las que se investiga a Melchior figuran otras facturas que, según los investigadores, demostrarían una práctica habitual consistente en utilizar a determinadas empresas y periodistas para encubrir pagos irregulares o servicios que nada tenían que ver con el objeto de la contratación.

También se han detectado presuntos tratos de favor a determinadas empresas que operan en los puertos de la provincia tinerfeña, supuestos regalos que habrían sido entregados al expresidente del ente, así como irregularidades contables, como las destapadas por las auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado.

La causa partió de una denuncia de oficio presentada por la Fiscalía Anticorrupción y se acumuló a otra interpuesta por el exdirector de Puertos de Tenerife, que fue destituido por enfrentarse a Ricardo Melchior después de negarse a firmar facturas irregulares promovidas por el expresidente del ente.