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El Gobierno autónomo y el PP, dispuestos a consensuar la reforma local

La negociación incluirá a las federaciones canarias de islas y municipios

El ambiente de "diálogo constructivo", previsiblemente, se extenderá a la ley de transparencia

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Paulino Rivero, Francisco Hernández Spínola, Asier Antona y María Australia Navarro

De izquierda a derecha, Asier Antona, Paulino Rivero, María Australia Navarro y Francisco Hernández Spínola. (Efe/ Cristóbal García)

El Gobierno de Canarias y el PP se mostraron este lunes dispuestos a acordar la reforma de las leyes de cabildos y del sector público municipal, en un proceso que también incluirá a la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

El ambiente de "diálogo constructivo", que previsiblemente se extenderá a la ley de transparencia, se fraguó en una reunión del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y del consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, con el presidente y la portavoz del grupo popular en el Parlamento de Canarias, Asier Antona y Australia Navarro.

"Hemos visto voluntad en el Gobierno de Canarias para llegar a acuerdos, de manera que las modificaciones que se hagan tengan el consenso de cabildos, ayuntamientos y grupos parlamentarios", declaró Asier Antona a la salida de la reunión.

Recordó que el PP ha pedido desde el principio de la legislatura reformas en las administraciones públicas, que pasan por adecuar los cabildos y los ayuntamientos a la realidad económica y social, garantizar su suficiencia financiera y sobre todo por eliminar las duplicidades y clarificar las competencias de cada administración.

"Cualquier modificación pasa por clarificar las competencias y por desinflar la maraña burocrática, por simplificar", dijo Antona, que pidió "menos Gobierno y más cabildo" y en concreto reclamó que las competencias de planificación territorial estén exclusivamente en las corporaciones insulares.

El representante del PP pidió al Gobierno que remita los proyectos de ley cuanto antes al Parlamento, así como el proyecto de ley de transparencia.

Antes del final de legislatura

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, aclaró sin embargo que la ley de cabildos no desarrolla de forma pormenorizada el reparto de competencias, sino que esas cuestiones se remiten a próximas modificaciones de leyes sectoriales, como la de turismo o la armonización del territorio.

Hernández Spínola ratificó la voluntad de consenso del Gobierno de Canarias, que quiere que estas leyes sean de todos y que estén aprobadas antes del final de la legislatura.

Incluyó en la voluntad de consenso el proyecto de ley de transparencia, cuyo segundo borrador, que incorpora aportaciones ciudadanas tras el periodo de información pública, será presentado a los grupos parlamentarios el próximo miércoles.

Ese segundo borrador incluye un régimen sancionador, como había pedido el PP, mientras que las medidas de transparencia para las corporaciones locales se han incorporado en la leyes de cabildos y del sector público municipal.

Hernández Spínola consideró que su departamento ha cumplido los compromisos del principio de legislatura, que eran remitir al Parlamento la reforma del Estatuto de Autonomía, la Ley de Cabildos, la Ley del sector Público Municipal y la Ley de Transparencia.

El borrador de la Ley para el Sector Público Municipal presentado por el Gobierno de Canarias cubre vacíos legales que crean dificultades organizativas en los ayuntamientos y completa y desarrolla la normativa básica, según el ejecutivo.

Se trata de una ley que moderniza, economiza, transparenta y simplifica el acceso a los servicios públicos, aumenta la seguridad jurídica, reduce la improvisación y organiza y estructura a los municipios canarios.

Se ordenan las atribuciones de cada órgano en la estructura del ayuntamiento y se aumenta la capacidad de la oposición para intervenir en la organización de los debates plenarios.

En el texto se aclaran las tareas de mancomunidades o consorcios y se establecen fórmulas para fusiones voluntarias entre municipios, así como segregaciones, procesos que en ningún caso podrán suponer la creación de municipios de menos de 5.000 habitantes.

En cuanto a la reforma de la ley de Cabildos, se permite a las corporaciones insulares organizarse y contar con medios e instrumentos adecuados para ejercer las tareas que le han sido asignadas por el ordenamiento jurídico, indicó el ejecutivo.

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