Rodríguez Batllori irá a juicio por cuatro delitos
Francisco Rodríguez Batllori, ex viceconsejero de Justicia del Gobierno canario, será juzgado dentro del caso Unión por cuatro delitos delitos relacionados con esta trama de corrupción en las instituciones públicas de Lanzarote cuyo principal encartado es el fundador del PIL, Dimas Martín, según se desprende de un auto de la juez del caso por el cual abre el procedimiento abreviado de la pieza separada número 8 y da diez días a las partes para sus escritos de calificaciones.
El auto fechado el 14 de febrero en Arrecife por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 (antiguo mixto también de Instrucción 5) da por probado que el ex político del CCN cobró, entre marzo de 2008 y abril de 2009, la cantidad de 16.941, 18 euros del Ayuntamiento de Arrecife, y otra de 26.089, 40 euros de la empresa pública de aguas Inalsa, por medio de un “ilícito plan de beneficiar a un particular por las gestiones que éste [Batllori] realizara en favor de Dimas”.
La magistrada María Jesús Hernández Elvira considera que el abono de estos 43.000 euros por las dos instituciones públicas a Batllori se ejecutó prescindiendo “de manera grosera de trámites absolutamente esenciales en la normativa de la contratación del sector público, dirigido a hacer valer y velar el cumplimiento del interés general que aparece quebrantado”, aparte de que “existen claros indicios de la sustracción de caudales públicos y presentación de factura falsa para justificar el desvío”, ordenado, por otra parte, por Dimas Martín.
En este sentido, el auto señala que el ex presdiente del Cabildo de Lanzarote y fundador del PIL, que por esas fechas se encontraba “condenado por delito cumpliendo pena preventiva de libertad” y al mismo tiempo era investigado dentro del caso Unión, “pese a estar condenado con pena entre otras de inhabilitación, matenía un dominio absoluto respecto a las órdenes e instrucciones concretas a dar a los concejales de su partido en el Ayuntamiento de Arrecife y en Inalsa”, por lo que hizo valer su jerarquía para “beneficiar económicamente a Batllori por las gestiones que éste hacía en su nombre”.
Esta trama derivada del caso también tiene a los ex concejales del PIL José Miguel Rodríguez y María Luisa Blanco y los cargos de este partido en Inalsa Plácida Guerra y Rafael Elorrieta, yerno de Dimas y ex gerente de Inalsa, imputados junto a Dimas Martín y Rodríguez Batllori por seguir las instrucciones del líder del PIL para el abono del dinero al ex viceconsejero de Justicia del Gobierno canario, con las imputaciones a todos de un delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
