Los trabajadores de los centros de menores de Aragón convocan tres días de huelga y denuncian estar “machacados”

Los sindicatos integrantes de la Plataforma de Reforma Juvenil y Protección de Menores en Aragón —UGT, CGT y CCOO— han convocado una huelga de 72 horas para los días 2, 3 y 4 de marzo, ante la falta de avances en la negociación de un convenio autonómico, las precarias condiciones laborales y la falta de medios, en un momento de aumento de la conflictividad y la violencia en estos centros, el último un motín en el centro del barrio zaragozano de Juslibol, que dejó más de una decena de policías y vigilantes heridos el pasado 5 de febrero. “Los trabajadores están machacados”, han alertado.

La convocatoria de huelga, anunciada en rueda de prensa por Héctor García (CGT), trabajador del Centro de Menores de Juslibol; la vicesecretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Angélica Mazo; y el responsable de Enseñanza Privada y del Sector de Menores de CCOO, Alberto Echeverría; llega en un momento en el que los trabajadores se sienten “abandonados institucionalmente”, en el que no se producen avances en la negociación del convenio colectivo autonómico y en un contexto de incremento de las agresiones.

En total, el sector cuenta con alrededor de 600 trabajadores en Aragón, repartidos en 64 centros de protección y reforma en toda la Comunidad Autónoma, con unas 500 plazas. Las exigencias se resumen, además de en retomar la negociación del convenio autonómico, en refuerzos “inmediatos” en los turnos de trabajo para que no haya ninguna persona sola. García ha asegurado que varias de las empresas que gestionan estos centros están incumpliendo el convenio actual e incluso incurren en “incumplimientos salariales”, con centros que tienen hasta un 30% de la plantilla de baja.

Ha enmarcado esta situación en el asesinato de Belén Cortés, una educadora de un centro de Extremadura que estaba sola trabajando en el turno de noche, del que se va a cumplir un año en marzo. Una situación, ha aseverado, que se da en la gran mayoría de los centros aragoneses.

La representante de UGT ha ido más allá al afirmar que “lo que estamos viendo es una descomposición progresiva del sector de menores en Aragón”, que era “muy bueno” hasta que se dejó “sin fondos”, por la “dejación de funciones” tanto por parte de las instituciones como de las empresas y entidades sociales que los gestionan.

“Las empresas son responsables, están dejando que no se cumplan los convenios, muchas no han aplicado los incrementos salariales”, ha dejado claro Mazo, remarcando que estas entidades “siguen teniendo beneficios económicos” y extendiendo la responsabilidad también al Gobierno de Aragón que, con un presupuesto de casi 500 millones de euros en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), “quizás, alguna 'perrica' más podría echar al Sistema de Protección y Reforma de Menores”.

Ha criticado especialmente la actitud de la Fundación Rey Ardid, principal entidad en el sector en Aragón, que ha emprendido una “huida” al salirse de la patronal en mitad de la negociación del convenio, lo que “rompe la negociación, rompe el diálogo y rompe cualquier medio de que los trabajadores puedan mejorar las condiciones laborales”. “Esto es una vergüenza. ¿De qué van?”, ha lamentado Mazo.

A ello ha sumado que este sistema no sólo atiende a niños que llegan de otros países, sino también a muchos menores que son de Aragón, han sufrido problemas familiares en su infancia y “hay que atenderlos igual para poderse reinsertar en una vida normalizada”.

“El sector necesita un presupuesto justo, necesita que los trabajadores tengan las condiciones laborales justas y lo que necesitamos es volver a la negociación del convenio colectivo”, ha remachado, para lo que se deben dotar también suficientemente los pliegos, para evitar que ocurra lo que ha sucedido en el centro de Juslibol, donde el concurso ya ha quedado dos veces desierto.

Pides un aumento entre el 30% y el 40% en personal y salarios

Para ello, la dirigente sindical ha defendido un incremento de entre el 30 y el 40% en el personal, lo que implicaría 82 educadores más de atención directa, y en los salarios, que han perdido en torno a la mitad de su poder adquisitivo desde la externalización del servicio, en 2002. Con más personal “se pueden evitar problemas como los que ha habido últimamente, que han salido tanto en prensa y ha llamado la atención”, ha apuntado, en referencia a sucesos como el motín de Juslibol.

“Basta con el bloqueo de la negociación, basta con la precariedad laboral, basta con la indiferencia hacia las plantillas por parte de las empresas y las instituciones y basta del reacaneo económico que hay por la parte de las empresas que están gestionando los centros de menores. Estamos hartos del bloqueo deliberado en la negociación del convenio autonómico, la negociación tiene que volver y convocamos huelga de 72 horas”, ha resumido, subrayando que los trabajadores están ya “en el límite”.

Desde CCOO, Alberto Echevarría ha puesto varios ejemplos de la precaria gestión de estos centros, como que la forma que tienen para calentar el agua para que los menores se duchen es “bajar a la cocina, calentar ollas y subirlas al piso de arriba donde están los baños”. Otro caso es el de una casa vivienda con ocho plazas de guarda y tutela, que un pliego de 2020 limita la estancia de los menores a tres meses y que lleva desde entonces ocupada permanentemente por los mismos. “Las empresas lo están permitiendo, la Administración lo está permitiendo y quienes sufren son los trabajadores y los menores, que no tienen un servicio adecuado”, ha apostillado.

Del mismo modo, Echevarría ha pedido “huir de la criminalización” porque “el problema no es el chico o la chica que en un momento determinado causa un conflicto grave”, sino que estos centros no están dotados de los recursos necesarios, y ha instado a la Administración a que resuelva los contratos cuando hay incumplimientos de los pliegos, como recoge la Ley de Contratos del Sector Público.

En todo caso, si se mantiene la huelga --las partes están convocadas este viernes, 27 de febrero, al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA)--, buena parte de los trabajadores no podrán secundarla, ya que los servicios mínimos establecidos para los educadores de atención directa son del 100%: “Este es nuestro derecho a huelga”, ha lamentado el representante de la CGT.

Si no hay acuerdo, además, se concentrarán el 2 de marzo frente a la sede de la Fundación Ozanam, el 3 de marzo lo harán frente al Palacio de la Aljafería coincidiendo con la constitución de las nuevas Cortes de Aragón y el 4 de marzo convocarán en la puerta de la Fundación Rey Ardid.

“Queremos un convenio autonómico, un convenio que sea de Aragón, que sea nuestro, que recoja las necesidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma”, ha incidido la representante de UGT, quien ha recordado que la mayoría de autonomías tienen un convenio propio, con lo que las condiciones salariales y laborales son mejores, hay mayor estabilidad y ello redunda en una mejor atención a los menores.

Para la Plataforma, hay dos modelos de convenio a seguir: Navarra y la Comunidad Valenciana. El primero porque “marca unas mejoras bastante importantes” y promueve una mayor estabilidad --de hecho, muchos trabajadores se trasladan desde Aragón hasta la Comunidad Foral--, lo que permite también prever y gestionar mejor las situaciones de violencia.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, además de una jornada laboral anual de 1.476 horas --frente a las 1.722 de Aragón--, se trata de “un modelo muy interesante” porque es la Administración la que paga directamente las nóminas y es un convenio único que recoge más sectores del ámbito de los servicios sociales, una línea que también sigue Cataluña, aunque sin llegar a las mejoras recogidas en el convenio valenciano.