Una veintena de internos del centro de menores de Juslibol se atrincheran tras agredir a un vigilante

La Policía Nacional ha intervenido este jueves en el centro de menores de Juslibol, en Zaragoza, tras un motín protagonizado por varios internos que previamente habrían agredido a un vigilante de seguridad. Tras recibir el aviso en torno a las 12:30, se han desplazado hasta el recinto cinco furgones de la UIP, tres patrullas de Seguridad Ciudadana y tres ambulancias.

Según fuentes policiales, nueve agentes han resultado heridos, en principio todos con carácter leve y la situación se ha resuelto con presencia policial. Según ha adelantado el Heraldo de Aragón, los jóvenes se hicieron con las llaves de su módulo, abrieron varias habitaciones y mantuvieron una actitud hostil, lo que obligó a la intervención de los antidisturbios. Desde el Gobierno de Aragón señalan que la situación ya está controlada.

El Gobierno de Aragón ha explicado que se ha registrado un conflicto entre varios internos y que el suceso está relacionado con bandas latinas, por lo que se ha requerido de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como atención sanitaria para quienes la han solicitado. “Queremos recordar que el de Juslibol es un centro de reforma, no un recurso de acogida, por lo que su naturaleza está ligada a jóvenes que están cumpliendo con medidas judiciales de internamiento. En este caso han participado –entre otros– varios internos que son mayores de 18 años y que están en el centro porque, tal y como recoge la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, han de cumplir su sentencia en un centro de protección y reforma de menores aun habiendo cumplido la mayoría de edad”, han comunicado desde el Ejecutivo.

En noviembre de 2024, el sindicato CSIF denunció agresiones a dos vigilantes de seguridad y tres trabajadores en esta misma instalación y reclamó un refuerzo inmediato de la seguridad. Según el sindicato, algunos internos intentaron fugarse armados con palos de escoba y otros objetos, provocando lesiones a parte del personal, que presentó denuncias ante la Policía Nacional y causó baja médica en el caso de los vigilantes agredidos.

CSIF alertó entonces de que este edificio contaba únicamente con un vigilante por turno, sin medidas de autoprotección ni espacios de refugio, lo que dejaba expuestos tanto al personal como a los usuarios. En enero de 2025, un educador social fue agredido por un interno cuando trataba de impedir que rompiera un espejo para utilizarlo como arma cortante. Plataformas profesionales y comités de empresa denunciaron entonces la precariedad laboral y la falta de medios de protección en centros de titularidad pública y gestión privada, y reclamaron condiciones de trabajo más seguras.