Los sindicatos acusan al Gobierno de Aragón de sacar un pliego “deficitario” para el centro de menores de Juslibol

Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han denunciado que el nuevo pliego del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol es “económicamente inviable” y constituye “otro ejemplo de cómo la Administración prioriza el ahorro frente a la protección de los menores y la dignidad laboral del personal”. Critican que, según lo publicado, quedarían menos de 600.000 euros para hacer frente a los gastos de alimentación, actividades, escolarización, mantenimiento, seguridad, limpieza y todos los gastos internos de un centro de 35.000 metros cuadrados.

Según sus cálculos, el presupuesto total del centro para 2026 asciende a 4,27 millones de euros. De ellos, 3,2 millones se destinan a salarios, pero el convenio obliga a aplicar una subida retributiva del 8%, lo que elevaría esa partida a 3,68 millones. Con estas cifras, solo quedarían 590.000 euros para atender a los menores y asumir todos los gastos del día a día en un complejo de más de 35.000 metros cuadrados.

Esta cantidad, denuncian, debe cubrir alimentación y ropa de los menores; actividades educativas y formativas; escolarización; mobiliario, equipos informáticos y su mantenimiento; así como limpieza, calefacción, aire acondicionado, control de incendios, videovigilancia, control de plagas, desinfección, mantenimiento de climatización y el cuidado de zonas verdes. “Con estas cifras no se puede garantizar ni la atención educativa que necesitan nuestros menores ni unas condiciones laborales decentes”, afirman.

Los sindicatos califican el pliego como “deficitario”, elaborado “a la baja” y limitado a “cumplir lo justo con la ley”, ignorando a la plantilla. Sostienen que podrían haberse firmado mejores condiciones mediante un convenio autonómico, pero tanto la Administración como las empresas “han preferido mantener la precariedad”. Como prueba de su inviabilidad, recuerdan que ninguna entidad se ha presentado al concurso, lo que ha obligado al Gobierno a ampliar plazos y ha generado “serias dudas” sobre el procedimiento. Desde el Ejecutivo señalan que, mientras el plazo siga abierto, el Departamento mantiene la espera dentro del proceso habitual.

Para CGT, UGT y CCOO, este pliego evidencia “el fracaso del modelo de colaboración público-privada”, que “rebaja la calidad educativa, precariza al personal y reduce el bienestar de los menores a una ecuación de ahorro”. Se preguntan, además, “de dónde saldrá el beneficio de la empresa que entre” y si esta podrá respetar el convenio estatal, garantizar la atención a los menores o evitar el deterioro de las instalaciones.

Por todo ello, exigen al Gobierno de Aragón la retirada inmediata del pliego, la apertura urgente de la negociación del convenio autonómico —que denuncian que continúa bloqueado— y la redacción de “pliegos dignos” que prioricen la intervención socioeducativa frente al ahorro económico. Advierten de que la plantilla “se pondrá al frente de la protesta” y no aceptará ningún contrato o concierto social que no garantice derechos laborales y calidad educativa.

Los sindicatos también apelan a las entidades aragonesas para que “no sean cómplices de esta precariedad”: que no concurran a contratos deficitarios y que se sienten a negociar “con responsabilidad y respeto”. Aseguran que las trabajadoras “no piden privilegios, sino dignidad, estabilidad y un servicio público a la altura de lo que merecen los menores”. Fuentes del Ejecutivo sostienen que, mientras esté abierto el plazo, el Departamento no va a hacer declaraciones.

Concluyen con un mensaje claro a la Administración: “Este sector no va a tolerar ni un pliego más hecho a la baja”. Si sus demandas no se atienden, advierten, “no habrá paz social”. La próxima movilización está convocada para el 19 de noviembre, coincidiendo con la entrega de los premios 4º Pilar en el Palacio de Congresos.