Plantillas cortas y salarios mínimos en los centros de protección de menores en Aragón: “Los trabajadores están hartos”

“Los trabajadores están hartos, las patronales nos toman el pelo. Vamos a tener que ir a la guerra”. Los sindicatos han hecho un llamamiento público al Gobierno de Aragón y a las empresas que gestionan los centros residenciales de protección y reforma de menores para que reaccionen ante la situación del sector, caracterizado por la inestabilidad, por plantillas cortas y por sueldos que rozan el salario mínimo.

Un ejemplo de las dificultades que afrontan estos empleados, en un servicio especialmente delicado ya que implica a menores de edad, lo ofrece el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Zaragoza, el CIMJ, situado en Juslibol. Allí, once trabajadores de una plantilla total de 38 empleados están de baja, lo que supone casi un 29%. Y este es un dato al que tienen acceso porque ahí hay representación sindical, algo que no sucede en el resto de centros.

Además, piden terminar con el término 'mena': “Detrás de cada niño, niña y adolescente con el que trabajamos hay una trayectoria marcada por la pérdida, el desarraigo y el deseo de construir un futuro mejor ya sean de nacionalidad española o no”, explican.

Este martes, representantes de UGT, CCOO y CGT han comparecido para informar sobre la situación del sector y para dar a conocer la huelga prevista para el próximo 23 de octubre. Estaba prevista para antes del verano pero la paralizaron para continuar con la movilización. “Pero ha sido un fraude, solo nos han tomado el pelo. No dan respuestas claras, no hay avances. Las plantillas están muy enfadadas, no va a quedar más remedio que parar”, denuncia Angélica Mazo, de UGT.

Este servicio, que se llevaba a cabo hasta hace un par de décadas con personal del Gobierno de Aragón, se externalizó entonces y eso ha supuesto su “precarización, tanto laboral como en el servicio que se presta”, lamenta Alberto Echevarría, de CCOO. “Sigue habiendo centros que en horario nocturno siguen dejando a un trabajador solo”, advierte. “Hay una falta de ratios importante. No puede haber 24 chavales con dos personas. Es inadmisible. Ante cualquier eventualidad que suceda, los educadores no tienen margen”, añade Mazo.

Según los datos recabados por los sindicatos, en Aragón hay 28 centros residenciales de protección y reforma de niños, niñas y adolescentes, con un número de plazas que se acercan al millar, entre los que se incluyen las de nueva creación para atender al último reparto de la emergencia canaria. Son cuidados por más de 600 trabajadores y trabajadoras, sobre todo en Zaragoza provincia pero repartidos por todo el territorio. La mayoría de estos servicios, informan los sindicatos, son gestionados por empresas concertadas o subvencionadas (Rey Ardid, Aldeas Infantiles, YMCA, ACCEM, Apip-Acam, Ozanam o Kairos), aunque el servicio depende directamente del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Los trabajadores reclaman un convenio que aglutine al sector, como sucede en otras comunidades autónomas, lo que supondría una mejora en las condiciones laborales. “Nuestro horizonte es el convenio valenciano”, apunta Héctor García, de CGT, quien critica al Ejecutivo autonómico por no ejercer su competencia: “Nunca hemos sido una prioridad para el Gobierno de Aragón”.

Entre las peticiones que plantean está la reducción progresiva de la jornada anual desde las 1.722 horas actuales hasta las 1.476 horas anuales, lo que equipararía a las plantillas al convenio valenciano de acción social. “Necesitamos una descarga de horas en la jornada”, asegura Héctor García, de CGT.

Actualización salarial

Mientras, la actualización salarial que reclaman supondría que el gasto del Gobierno de Aragón en este concepto pasaría del 3,84% al 5,83% del Presupuesto total autonómico, algo que los sindicatos ven “factible”.

Denuncian la escasa receptividad que encuentran tanto en las entidades del sector como en el propio Ejecutivo regional. “El Gobierno de Aragón, responsable último de los contratos y conciertos así como de la tutela de los niños, niñas y adolescentes que terminan en los servicios de protección y reforma, no se ha implicado en el proceso”, lamentan. Su petición de una reunión a tres bandas con el Ejecutivo, las patronales y los sindicatos no ha recibido respuesta. “Mantiene un silencio que bloquea la posibilidad de mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en estos servicios públicos esenciales”, dicen. Mientras, las principales entidades del sector “no han mostrado ninguna voluntad negociadora”.

Otro punto en la lucha sindical tiene que ver con el término 'mena', que piden “eliminar”. “Entendemos que hay hablar de niños, niñas y adolescentes, que es lo que son”, manifiesta el representante de CGT. “Cuando la sociedad los nombra como 'menas', deja de verlos como niños, niñas y adolescentes, y los percibe como un problema o una amenaza. Además, el término ha sido utilizado de forma política y mediática para alimentar el miedo, el racismo y la criminalización de la infancia migrante”, critican las tres centrales en una nota pública.