Más del 16% de las mujeres con discapacidad la sufren como consecuencia de la violencia de género

En España, la violencia de género sigue siendo una de las violencias más extendidas y graves del país. Sin embargo, hay un perfil de víctimas que hasta hace poco ha permanecido en gran parte invisible para la opinión pública y las políticas públicas: las mujeres con discapacidad. Esta realidad se expresa no solo en tasas significativamente más altas de victimización, sino también en el hecho de que una proporción notable de estas mujeres adquiere una discapacidad precisamente como resultado de los malos tratos sufridos.

Diversos estudios e informes recientes muestran que la violencia de género afecta con especial crudeza a mujeres con discapacidad: Según un informe de Inserta Empleo (Fundación ONCE), el 40,4 % de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia de género, en comparación con aproximadamente el 32 % de las mujeres sin discapacidad.

El más reciente Macroestudio del Ministerio de Igualdad, correspondiente a 2024, revela que el 16,4 % de las mujeres con discapacidad afirma que padece esta condición como consecuencia directa de la violencia física, sexual o emocional sufrida a manos de una pareja o expareja. Estos datos ponen de manifiesto algo más que una mayor exposición a la violencia: la violencia de género deja secuelas permanentes que pueden traducirse en discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, manifestando una violencia que trasciende el episodio concreto y deja huellas de por vida.

Más estudios para una atención digna y eficaz

Las estadísticas regionales no desglosan con frecuencia cuántas de estas víctimas desarrollan una discapacidad como resultado directo de la violencia, pero diversos estudios y organizaciones sociales subrayan que esto sí ocurre y, denuncian como “con demasiada frecuencia” estos casos pasan desapercibidos en los registros oficiales nacionales y autonómicos.

Este problema fue tratado, esta semana, en el ciclo de encuentros denominado '50 años hacia la inclusión', organizado por la Fundación Dfa en Huesca, donde se debatió sobre la situación de las mujeres con discapacidad, su acceso a derechos y las barreras específicas que enfrentan, incluyendo la violencia de género. En este encuentro estuvieron presentes organizaciones como COCEMFE, CADIS Huesca y Amanixer: Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad. 

Aunque la Unidad de Acceso a la Justicia de Aragón (UAVDI Aragón) junto al Instituto Aragonés de la Mujer ya han puesto el foco en la atención a mujeres con discapacidad intelectual que han sufrido violencia, incluyendo atención psicológica especializada y apoyo de emergencia, los colectivos subrayan que “es fundamental que los organismos públicos segreguen estos datos y lleven a cabo estudios para dar una respuesta digna, adaptada y eficaz a las mujeres con discapacidad como secuela de la violencia de género”, apunta Marta Bescós, técnica psicosocial en Amanixer.

Violencia estructural y barreras adicionales

El problema no reside únicamente en la violencia en sí, sino también en los obstáculos que estas mujeres enfrentan tras sufrir maltrato. Las barreras para denunciar son un obstáculo claro para estas víctimas: muchas mujeres con discapacidad tienen problemas de accesibilidad, las casas de acogida no suelen estar preparadas o los reglamentos excluyen determinadas discapacidades como mental o psíquica. La desconfianza hacia las instituciones o dependencia económica también dificultan que estas mujeres identifiquen y denuncien situaciones de maltrato. 

Desde Amanixer denuncian la falta de accesibilidad a los recursos ya existentes, sea por barreras estructurales o por la falta de, por ejemplo, intérpretes de lengua de signos en servicios públicos. A estas barreras se suman las barreras sociales: “Hay falta de formación y sensibilización en todos los ámbitos, a nivel de sanidad, de fuerzas y cuerpos de seguridad, en establecimientos públicos, comercio, restaurantes…”, lamenta Marta Bescós 

Otro de los obstáculos es la violencia múltiple y diversa: además de violencia física, las encuestas muestran altas tasas de violencia emocional, económica y sexual que se interrelacionan y se agravan cuando hay una limitación física o mental de por medio. Vivir en el medio rural o ser migrante suma en negativo para las víctimas que, además, tienen una mayor prevalencia: el Observatorio Estatal de la Discapacidad apunta que más del 65 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, reflejando una vulnerabilidad estructural muy superior a las cifras generales. 

Entender la discapacidad como secuela

Sobre la discapacidad como consecuencia de la violencia de género, la coordinadora del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad -CERMI- Mujeres ha explicado en múltiples ocasiones “que, en efecto, hay mujeres que se quedan sordas o ciegas por las palizas”, pero pide no poner el énfasis “ solo en la violencia física”: “La situación de estrés continuada que producen otras violencias, como la psicológica o la económica, genera trastornos de salud mental graves y sostenidos en el tiempo, además de contribuir a la aparición de enfermedades incapacitantes”, añade Isabel Caballero, de CERMI Mujeres.

Las organizaciones y expertas denuncian que existe una brecha en cómo se aborda esta realidad: “A menudo, la discapacidad adquirida por violencia de género se queda oculta detrás de diagnósticos médicos que no vinculan de manera explícita la discapacidad con el contexto de maltrato. Esto invisibiliza la necesidad de protección y de políticas específicas para estas mujeres”, señalan representantes del movimiento asociativo en varias entrevistas recientes.

Las repercusiones que sufren estas mujeres van más allá de lo físico, como daños cerebrales o sensoriales derivados de las palizas. Tienen un impacto profundo en la salud mental, la autoestima y la autonomía personal; la ansiedad crónica y el estrés postraumático derivan en serios problemas de salud mental que no son perceptibles a primera vista, pero deben ser atendidos y son muy difíciles de demostrar, lo que complica aún más el proceso de recuperación y salida de situaciones violentas. 

La muerte también afecta a estas mujeres, porque la violencia de género también se traduce en asesinatos. Según el XVII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, entre 2012 y 2023, alrededor del 9,8 % de las víctimas mortales de violencia de género eran mujeres con discapacidad, lo que supone más de 60 mujeres fallecidas en ese periodo por violencia de pareja o expareja.

Hacia políticas más inclusivas

Frente a esta evidencia, instituciones y organizaciones de la sociedad civil están reclamando medidas específicas, tales como: protocolos de atención accesibles adaptados a diferentes tipos de discapacidad, formación especializada para los cuerpos policiales y personal sanitario, el refuerzo de los sistemas de denuncia accesibles en todos los formatos (lengua de signos, adaptaciones cognitivas, asistencia tecnológica) o implantar sistemas de apoyo social y económico que permitan que las mujeres puedan salir de relaciones violentas sin dependencia del agresor.

La violencia de género ya no puede entenderse sin incorporar una perspectiva interseccional que reconozca cómo la discapacidad —preexistente o adquirida por maltrato— multiplica los riesgos, las barreras y la invisibilidad social.

Violencia de género en Aragón: cifras que no bajan la guardia

En los últimos años, los datos oficiales reflejan que la violencia de género afecta a miles de mujeres en Aragón: En 2025, más de 2.500 mujeres tenían protección policial activa por violencia de género en Aragón, una cifra que refleja la persistencia de esta violencia en la comunidad autónoma y que cifra a 1.638 casos en la provincia de Zaragoza, 649 en Huesca y 217 en Teruel.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en 2023 se registraron 4.943 mujeres víctimas de violencia machista, un 21,5 % más que el año anterior, lo que sitúa a la región por encima de la media nacional. A finales de octubre de 2025 había 2.558 casos activos registrados en el sistema de protección VioGén en Aragón.

Estos números revelan que la violencia de género sigue estando muy presente en la vida de muchas mujeres en Aragón, aunque no siempre se reconozcan o cuantifiquen las consecuencias a largo plazo como la discapacidad permanente o la agravación de condiciones preexistentes.