Santa Brígida guarda informes en un cajón
El Ayuntamiento de Santa Brígida tiene en su poder, desde el 30 de julio de 2012, un informe jurídico firmado por un técnico de la Administración General que exime al Consistorio de responsabilidad extracontractual alguna en la concesión administrativa otorgada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de construir el incompleto centro comercial del municipio.
Asimismo, consideraba viable alcanzar una solución convencional supeditada a una modificación puntual del contrato “salvo inviabilidad de la obra”. Una viabilidad que ha quedado en entredicho teniendo en cuenta la sentencia emitida el pasado septiembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Las Palmas de Gran Canaria, que declara la caducidad de la licencia.
Según el informe al que ha podido acceder Canarias Ahora, la UTE instó en mayo de 2012 a la resolución del contrato con indemnización de los daños y perjuicios, aunque dejó constancia de “su expresa voluntad de alcanzar una solución convencional que permita, garantizando la indemnidad de sus derechos, culminar las obras y explotarlas”.
Hay que recordar que la unión conformada en 2002 por Saramema S.L., Cura Riviera S.L., Estacionamientos y Servicios S.A. y Fomento Construcciones y Contratas (FCC) fue la única que se presentó al concurso para la construcción del edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano.
El motivo, según explicó recientemente el abogado Ignacio Cáceres, fue la inviabilidad económica que muchas empresas encontraron en la edificación de las salas de cine. Una obra que, poco después de haber iniciado los trabajos, la UTE pidió modificar, junto con la superficie destinada a los locales comerciales, entre otras. Solicitud por la que se paralizó la construcción, lo que dio origen al conflicto del denominado 'mamotreto' de Santa Brígida.
El informe del técnico de la Administración General indica que la mencionada modificación no llegó a aprobarse por el Ayuntamiento y duda de que en una obra licitada por nueve millones de euros “resulta que ahora se venga a decir que se ha invertido, nada más y nada menos, que la cantidad de 14,1 millones”.
Un baile de cifras que a su juicio se hubiera evitado si el Consistorio hubiera exigido el cumplimiento del Pliego de Condiciones Técnicas, que establecía la presentación mensual de una certificación a la dirección técnica para su conformidad, que posteriormente sería entregada al Ayuntamiento para su aprobación. Una iniciativa que señalaba como “no solo oportuna, sino de obligado cumplimiento”.
Entre las conclusiones del texto, se rechaza la resolución del contrato por causas imputables a la Administración local, algo que considera “inviable, cuando una de las partes incumple previamente”.
Cambio por Sataute (CxS) presentó recientemente un informe jurídico externo al respecto por lo que, según denunció, supone una falta de “claridad” del Gobierno municipal encabezado por el alcalde perteneciente al Partido Popular (PP) Lucas Bravo de Laguna. La concejal de CxS, Guadalupe del Río, acusó a Bravo de Laguna de llevar “varios años mintiendo deliberadamente, negando la existencia de los informes jurídicos internos y externos que concluyen de igual forma que el letrado” y reivindicó que la voluntad del alcalde “se encuentra secuestrada por la empresa concesionaria, ya que no está defendiendo los intereses generales del municipio”.
