Santa Brígida no reconoce la licencia del 'mamotreto'
La licencia urbanística 28 / 2003 otorgada por el pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida, el 7 de junio de 2003, a las empresas concesionarias de la obra paralizada del centro comercial del casco de la Villa, conocido como el mamotreto, “no existe”.
Así lo ha trasladado el alcalde del municipio grancanario, Lucas Bravo de Laguna Cabrera (PP), a los grupos de la oposición que esta semana le reclamaron una reunión informativa para conocer la situación jurídica de una obra aprobada hace diez años y abandonada hace cinco, por iniciativa propia de la unión temporal de empresas (UTE) liderada por Fomento (FCC) tras ver frustrado su intento de modificar el proyecto original de multicines por un hipermercado.
Aunque el pleno del Consistorio presidido hace diez años por Carmelo Vega (PP) concediera por medio de este documento al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA la licencia de obra o acuerdo municipal de aprobación del proyecto urbanístico a la UTE Santa Brígida, el gobierno local del mismo partido, presidido ahora por Lucas Bravo, no la reconoce como tal, y esa será la principal baza en su anunciado recurso contra la solicitud de caducidad de la licencia.
El propio alcalde y consejero del Cabildo Insular así lo ha expuesto a este periódico. “Lo que se acordó en el pleno del 7 de junio de 2003 fue autorizar a la concesionaria para la ejecución del proyecto que se aprobó el 6 de junio del 2003. Por esa razón, el actual grupo de gobierno municipal entiende que son de aplicación los pliegos que regulan la concesión”, ha afirmado.
La cuestión de fondo en torno al mamotreto que afea y estorba en el centro mismo de la Villa satauteña es una última sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que da la razón a un vecino del municipio en su recurso contra el silencio de la administración local ante su solicitud de declarar la caducidad de la licencia de obra.
La demanda que ha sido bendecida por la juez Mercedes Martín Olivera, aunque solamente se limita a anular el acto administrativo municipal de rechazar por silencio la solicitud de 20 de abril de 2011 de declarar la caducidad de la licencia de obra expresa 28 / 2003, tiene ahora en juego esa misma declaración que, en rigor, anularía todos los derechos de la UTE a la hora de reclamar al Ayuntamiento daños y perjuicios -como mantiene desde 2008- por la obra.
Los recurrentes han reclamado, por esto mismo, una aclaración de sentencia a la juez, ya que en la demanda se solicitaba expresamente la caducidad de la licencia, hecho no recogido de manera literal en el fallo fechado el 10 de septiembre de este año, dentro del procedimiento 484 / 2011. En esa sentencia 360 / 2013 no se recoge la petición expresa del recurrente de dar por extinguida la LU 28 / 2003, por haber sobrepasado con creces el plazo de ejecución.
En juego estaría la opción del Ayuntamiento de Santa Brígida de denunciar el incumplimiento de contrato por los plazos, como le ha pedido parte de la oposición desde 2010 y ahorrarse, o negociar de forma ventajosa en defensa del erario público, la reclamación patrimonial de la UTE que ronda 14 millones de euros por el enredo urbanístico en el que entró el Consistorio al aceptar un intento de modificación del proyecto original, que preveía salas de multicines y se pretendió trucar por un hipermercado sin cumplir con las Normas Subsidarias locales.
El alcalde Bravo de Laguna, sin embargo, sostiene del documento de 2003, “que por error, se haya identificado la iniciativa [acuerdo plenario con cuatro votos en contra y una abstención] como LU [Licencia Urbanística], no significa que lo sea”, y fue el argumento de los servicios jurídicos satauteños contra la demanda que la juez da por buena con su fallo de septiembre.
“Lo que aprobó el pleno [de 2003] fue autorizar a la concesionaria [UTE Santa Brígida liderada por FCC] para la ejecución del proyecto previamente aprobado”, recalca el alcalde, que en la reunión con los grupos de la oposición que han barajado solicitar un pleno monográfico sobre el centro comercial aseguró que es la única estrategia válida para que el Consistorio no entre en quiebra ante un reclamación patrimonial, presuntamente perdida, ante la concesionaria.
Declarar el incumplimiento de contrato
Sin embargo, las tesis de los recurrentes son bien diferentes. Se llame Licencia Urbanistica o acuerdo municipal de aprobación de obra pública, ambas están sujetas a la Ley que obliga a la fijación de un inicio, a partir del acta de replanteo, que fue el 14 de julio de 2003, y un final de las obras, que por contrato eran 20 meses, y en general, si no se especifica, 24 meses.
El recurso del Ayuntamiento anunciado contra esta sentencia, que primero debo esperar a la aclaración de la misma solicitada por los recurrentes, impide alcanzar el objetivo de denuncia del contrato para rescatar la concesión y empezar de cero para rediseñar un espacio muerto en el centro del pueblo, que por otro lado, pretende legalizar el Ayuntamiento por medio de un Plan General de Ordenación Urbana todavía en fase primaria y pendiente de recorrido.
La demanda a la que se opone el Ayuntamiento denuncia la actitud especulativa de la UTE, ya que primero aceptó un proyecto original de centro comercial con salas de multicines en 2003, al que no optaron otras empresas por considerarlas inviables, pero después de haber ganado, en 2004, presentó una solicitud de modificación de proyecto, cambiando los multicines por el hipermercado y aumentando de 1.650 a 2.340 metros cuadrados la superficie comercial aparte de querer legalizar la ocupación de vial público ejecutado en parte de la obra de forma ilegal.
La UTE fue la que, después de medidas cautelares ajenas a su intención entre 2003 y 2006 que pararon la obra durante algunos meses, decidió paralizar definitivamente la misma sin que el Ayuntamiento le instara a ello, y desde entonces, con la interposición en enero de 2008 de la reclamación patrimonial por daños y perjuicios que alcanza 14 millones de euros, el centro de la Villa está ocupado por un mamotreto impresentable cual espejo del urbanismo satauteño.
Y sobre la mesa queda, desde hace ya demasiados años para un pueblo como Santa Brígida, si realmente el Ayuntamiento quiere acabar con una situación de indefensión urbanística, tal y como han denunciado esta misma semana varios colectivos empresariales y sociales, o está en manos de los intereses privados de la promotora que especula con esa parálisis de la obra sin que los juzgados determinen su derribo definitivo o su remate final.
Es en la propia demanda a la que se opone el Ayuntamiento donde se marcan las vías públicas de interés general, a juicio de los recurrentes, para desenredar el entuerto del mamotreto de Santa Brígida: de la declaración de caducidad firme que se consiga judicialmente y a la que se opone el propio Ayuntamiento derivará el hecho cierto de que el centro comercial de la Villa es una obra sin licencia, y como toda obra ilegal deberá ser objeto de expediente municipal sancionador que acabe en derribo y multa al infractor: la UTE Santa Brígida liderada por FCC.
Cuestión aparte son las eternas negociaciones entre FCC y el Ayuntamiento para dar salida de manra extrajudicial a este bloqueo urbanístico. Y esta semana, el propio alcalde trasladó a los grupos de la oposición la impotencia que sufre ante la actitud ambigua de la constructora: hay veces que muestra su deseo de desentenderse totalmente de la obra y otras que apuesta por un nuevo proyecto para ese mamotreto que ha sepultado tanto el viejo campo de fútbol del pueblo como la aspiración de muchos vecinos de contar con un parque urbano.
