SCTF ve “inapropiada” la petición de LPGC
El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Alberto Bernabé, ha tachado de “insolidaria” e “inapropiada” la petición de Las Palmas de Gran Canaria para que se les devuelva 5 millones de euros por el fraude detectado en el padrón de la capital tinerfeña.
Bernabé considera que esta postura “perjudica el bienestar de los chicharreros” y además indica que las cantidades ingresadas según el reparto poblacional fueron correctas hasta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ordenó que se dieran de baja alrededor de 15.000 personas cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) o era falso o ni siquiera aparecía consignado. Bernabé dice que el viernes recibió una llamada del concejal de Hacienda de Las Palmas de Gran Canaria, Agustín Gutiérrez, para comunicarle que no iban a presentar ninguna reclamación ante la Federación Canaria de Municipios (Fecam), sino que tan sólo se limitarían a consultar ante este organismo lo que estaba ocurriendo.
Sin embargo, poco después el alcalde, Juan José Cardona declaraba que estaban dispuestos a exigir que se les devolviera cerca de cinco millones que se corresponden a los fondos que recibió Santa Cruz de forma indebida durante los últimos tres años. El teniente de alcalde, José Ángel Martín Bethencourt, también ha rechazado esta petición y le ha aconsejado a los dirigentes de la capital grancanaria que “se centren en gestionar su Ayuntamiento”.
“Nuestra posición es que el dinero que ha llegado desde el Estado y Canarias ha sido correcto a todos los efectos y las discrepancias tan sólo empezarían a contar a partir de 2010 pero el error no se detectó hasta 2012. Por eso creemos que no hay nada que devolver”, dice Bernabé. El concejal de Hacienda chicharrero señaló que “ya bastante duro resulta perder 2,3 millones con los que contábamos este año como para ahora tener que devolver más dinero”. Como una especie de consuelo, Bernabé indicó que a partir de 2013 la capital grancanaria va a ver como se incrementa esta partida mientras que Santa Cruz tendrá que resignarse a recibir menos fondos. “Para nosotros todo esto supone una pésima noticia y por eso no creo que sea correcto que tengamos que devolver ni un céntimo de lo que recibimos basándonos en unas cifras que siempre fueron oficiales. Además, esos son fondos que ya se ha gastado”, indica. El concejal advierte que en caso de que Las Palmas de Gran Canaria insista en su petición, “no nos quedará más remedio que luchar para defender nuestros intereses. La verdad es que me apena esta actitud”, dijo Bernabé.
Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario-PSOE descartan en principio crear una comisión de investigación política para esclarecer los hechos y por ahora están centrando sus esfuerzos en determinar desde el punto de vista técnico qué es lo que ha ocurrido. Por ello, desde hace unos días se ha activado de oficio, y por primera vez en la historia de la ciudad, una inspección de servicios que funcionará con total independencia y dispondrá de todos los medios necesarios para realizar su labor. “Nuestra intención es saber si la Administración ha estado a la altura de las circunstancias y nadie mejor que los funcionarios para averiguarlo”.
El grupo de gobierno se compromete a hacer público el resultado de esta investigación, que pese a lo dicho en un principio no tendrá ninguna limitación temporal y abarcará incluso lo ocurrido antes de 1996. Por lo pronto, el concejal dice que prefieren no barajar de antemano ninguna hipótesis pero al menos sí confían en que al final no se apunte hacia responsabilidades políticas ni de los funcionarios. Bernabé recordó que en la elaboración del padrón de 1996 participaron más de 300 personas que fueron contratadas por una empresa y tal vez ahí se sitúe el origen del problema. Tampoco considera el concejal de CC que se pueda haber utilizado este fraude para modificar el resultado de las elecciones en cuanto que los DNI eran falsos a todos los efectos. “Lo contrario sería lo más grave, en todo caso”, matizó. Por ahora su área no ha estudiado de qué forma afectará esta reducción en más de 15.000 personas a las estadísticas municipales, pero no se descarta que algún dato como un posible descenso del paro pueda resultar incluso positivo.
En un tono más duro, Martín Bethencourt ha anunciado que la Inspección de Servicios, área que gestiona su partido, pondrá “todos los medios necesarios” para poder esclarecer las circunstancias por las que se ha producido durante los últimos años un aumento ficticio del padrón municipal que podría rondar las 15.000 personas. Martín confía en que ésta aclare cómo pudo inflarse en una cantidad tan significativa el padrón municipal de habitantes. En esa línea, considera que, “estamos ante hechos que pueden ser lo suficientemente graves como para necesitar esclarecerse hasta sus últimas consecuencias”. La investigación que realizará la Inspección de Servicios deberá tener en cuenta, a juicio del primer teniente de alcalde, “tanto las consecuencias pasadas como otras posibles consecuencias futuras derivadas de estos hechos”.
Martín subraya que, una vez realizadas las investigaciones oportunas, y acorde al resultado de las mismas, “desde el Partido Socialista exigiremos la depuración de todas las responsabilidades administrativas y políticas a las pudieran dar lugar. Si es fruto de alguna negligencia, el Ayuntamiento tendrá que requerir de quienes la hayan causado una reparación”, añade. El también presidente de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife expresa su profunda preocupación por el incremento ficticio del padrón municipal en Santa Cruz de Tenerife que podría haberse producido desde 1996. Martín explica que, además de la gravedad de que se hayan falseado los datos de población en el municipio, es un gran perjuicio que el Ayuntamiento vea recortadas sus previsiones de ingresos de una forma tan drástica.
En principio Bethencourt coincide con sus socios de gobierno en no crear por ahora una comisión de investigación en la que participen las fuerzas políticas hasta que concluya la labor de los funcionarios. “Entonces tendremos suficientes elementos de juicio para saber si hubo responsabilidades administrativas o políticas, o tal vez ninguna”.
