Sólo 3,8 de cada 1.000 canarios son beneficiarios de la Ley de Dependencia
Hay 122.200 personas entre 6 y 85 años en Canarias con alguna discapacidad reconocida
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 (EUROPA PRESS)
Más de 13 de cada 1.000 españoles son beneficiarios de la Ley de Dependencia, mientras que en Canarias son 3,8 de cada mil canarios los que reciben alguna atención, lo que significa que en el archipiélago hay cuatro veces menos posibilidades de ser beneficiario de la citada ley.
Así lo afirmó en rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria el autor del V Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Luis Barriga, acompañado por el presidente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas, Domingo Viera, y la ex trabajadora del Proyecto de Atención a Centros Preferentes Eva Granados.
Durante la presentación de los últimos datos del Observatorio Estatal de la Dependencia a 1 de octubre de 2010, Barriga detalló que en las islas hay 122.200 personas entre 6 y 85 años con alguna discapacidad reconocida, además de 27.651 personas mayores de 85 años. Esto indica un potencial de 37.500 personas dependientes con derecho a atención para 2015. Actualmente, se atiende “tan sólo” a 8.066 personas.
“EN EL LIMBO DE LA DEPENDENCIA”
Además, subrayó que Canarias ostenta el récord de personas dependientes que se encuentran en el “limbo de la dependencia”, es decir, aquellas personas con derecho reconocido pero a las que no se les prescribe ningún servicio o prestación. Así, seis de cada diez dependientes está en esta situación. En concreto, un total de 12.431 personas en situación de dependencia desesperan por ser atendidas como les corresponde por derecho.
Asimismo, Barriga comentó que en España 279 por cada mil personas se encuentran “en el limbo de la dependencia”, mientras que en el archipiélago figuran 586 desatendidos por cada 1.000 personas con derecho reconocido.
Con datos de octubre de 2010 en España se registraron de media el 3,1 por ciento de solicitudes de dependencia sobre la población total, mientras que en Canarias tan sólo el 1,6, la mitad.
Así pues, hizo especial hincapié en que Canarias “sigue ocupando los últimos puestos en cuanto a los parámetros de gestión y puesta en marcha de la implantación de la Ley de Dependencia”.
Además, resalta que “en los análisis históricos” se advierte de que ésta es “la única comunidad donde no se percibe ningún atisbo de mejora sobre personas en listas de espera para ser valorados o aquellos que son acreedores de recibir un servicio, pero que siguen a la espera y están en el limbo de la dependencia”.
PACTO POR LOS SERVICIOS SOCIALES
Barriga atribuyó dichos datos a la “falta de voluntad política” del Ejecutivo canario que es el que tiene “la competencia y la responsabilidad”, además de que apuntó a “las dificultades de tipo organizativo entre el Gobierno regional y las entidades locales, que en muchos casos son las prestadoras de los servicios”.
Por ello, reclamó un “pacto” entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos “independientemente de colores políticos y al servicio a las personas”. A este respecto, confesó echar de menos en las islas “esa voluntad de pacto” y considera que es el Gobierno regional “el que debe mover ficha para modificar esta situación”.
Barriga admitió que sí hay un problema de financiación estatal, pero quiso dejar claro que “es el mismo para todas las comunidades autónomas y, sin embargo, en la gestión de estos cuatro años se ven velocidades muy diferentes e intenciones muy diferentes de apostar por los Servicios Sociales”. “El resultado es que Canarias se sitúa a años luz de otras regiones y es como si hubiera ciudadanos de primera y de segunda”, apostilló.
ACUDIR A LOS TRIBUNALES, LA ÚNICA VÍA
Para el miembro de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicio Sociales, Luis Barriga, “las personas que tienen derecho legal a recibir atención posiblemente empezarán a acudir a los tribunales” y advirtió de que “esto puede dar lugar a la judicialización de la desatención, esto es reclamar la atención a lo que los ciudadanos tienen derecho”.
“Todas las personas que tienen que recibir una atención porque lo dice la Ley y que no están siendo atendidas en Canarias deben de acudir a los juzgados y pedir la tutela judicial”, planteó el experto, que entiende que “la vía que le queda a un ciudadano que lleva más de dos años sin recibir un tipo de servicio es acudir a los tribunales”.
RETRASO EN APLICAR LA LEY
Igualmente, criticó que en las islas se tardan hasta 26 meses en decidir sobre las ayudas a los dependientes, cifra que a nivel nacional se sitúa en 18 meses. Así, Canarias es la comunidad que más retraso acumula para aplicar la ley: más de dos años.
A este respecto, criticó el “incumplimiento flagrante” del acuerdo establecido en el Consejo Territorial de Dependencia, en virtud del cual las comunidades autónomas tendrán que dictaminar las ayudas que correspondan a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses, con lo que se reducirá a la mitad el periodo que suele conllevar este trámite administrativo.
Por su parte, el presidente del Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas, Domingo Viera, incidió en que la situación de crisis “no se da por casualidad”, sino que “tiene causas muy profundas en el modelo de sociedad y los que lo están pagando son los más necesitados”.
