Telde abre un expediente a Mena “a pesar de la resistencia de la alcaldesa”
Nueva Canarias (NC) ha presentado una moción, aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Telde, por la que se reprueba y se acuerda la apertura de un expediente al ex jefe de Urbanismo, José Luis Mena, que recientemente ha sido condenado por la Justicia por falsificación de documentos públicos.
Los nacionalistas recuerdan que la Audiencia Provincial condenó a Mena a tres años y medio de cárcel por falsedad documental, inhabilitándole también por el mismo periodo, al entender que manipuló un documento que perjudicó al ex concejal de NC Idelfonso Jiménez. Se trata, además, de la segunda sentencia condenatoria al exjefe de Urbanismo - la anterior por el caso Grupo Europa- y “como ambas son recurribles, lo que NC defiende es que mientras el funcionario lleva a cabo ese trámite, no puede seguir siendo fedatario público”.
Los ediles de NC dejaron claro que esa labor de instrucción debe ser llevada a cabo por un funcionario de una Administración superior -en este caso del Cabildo, para garantizar su absoluta imparcialidad-, en un proceso que, “a la vista de la reciente e indudable resolución judicial, debe desembocar en un expediente disciplinario”.
Asimismo, NC señala en un comunicado que en el segundo punto de la moción presentada solicitaron “ante la claridad de los hechos tras la decisión judicial”, la incoación directa de un expediente disciplinario. Circunstancia a la que, según recuerda la formación, el secretario judicial presentó diferentes trabas y que no contó con el apoyo de la alcaldesa, Maria del Carmen Castellano, ni del Partido Popular (PP).
La formación indica que durante el Pleno de este viernes, la presidenta y portavoz de NC, Carmen Hernández, subrayó que se trata de un caso de extrema gravedad, porque “ayer fue Idelfonso Jiménez, pero mañana podría ser cualquiera de los concejales aquí sentados”. En ese sentido, advirtió que se ha generado “una gran alarma social y que incide en la creciente desconfianza de los teldenses hacia un Ayuntamiento que empezó a perder el crédito en la etapa negra de 2003-2007”.
Ante la “resistencia” del Gobierno, Hernández hizo hincapié en que no se trataba de un debate administrativo o jurídico, sino “ético y político”. De un “ejercicio de responsabilidad frente a un empleado público que ha utilizado el aparato administrativo para ir en contra del orden institucional”. “No cabe mirar para otro lado, hay que depurar responsabilidades y mandar un mensaje claro y contundente ante unas actuaciones indeseables”, aseguró.
