El TSJC envía cuatro años a la cárcel al diputado gomero de CC Esteban Bethencourt

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al ex alcalde de Valle de Gran Rey (La Gomera) y diputado regional de CC Esteban Bethencourt Gámez a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito de malversación de caudales públicos.

Según la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal, hecha pública este viernes, el ex alcalde deberá además indemnizar al Ayuntamiento, cuya la cuantía a pagar se fijará en la fase de ejecución, y asumir las costas procesales.

Bethencourt, que fue considerado culpable del delito de malversación de caudales público por un tribunal jurado, cobró del Ayuntamiento entre octubre de 1998 y noviembre de 1999 la cantidad de 8.383.000 pesetas (50.382 euros) sin que en “ningún caso” justificase la razón, necesidad o utilidad de los desplazamientos efectuados, según los hechos probados.

En sus fundamentos de derecho, la sentencia señala que el delito de malversación de caudales públicos lo comete quien, teniendo las responsabilidad de la gestión de los fondos públicos por razón de sus funciones, no ofrece a la entidad pública a la que pertenece la correspondiente justificación de su destino con todas las formalidades legales que tales caudales exigen.

El tribunal considera de “especial gravedad” la cantidad con la que se lucró el ex alcalde por ser ligeramente inferior a la prevista en aquel entonces por el Ayuntamiento para atenciones benéficas y asistenciales, y de atención al menor y a la familia, que ascendía a 10.496.408 pesetas, así como a la destinada a indemnizaciones por razón del servicio, 11.126.832 pesetas.

Asimismo, entiende que la cantidad restituida por el ex alcalde después de que se presentara la querella contra él (24.244 euros) no hace desaparecer el delito y sólo afecta a la responsabilidad civil y a la individualizada de la pena, por lo que indica que la pena impuesta ha sido la mínima prevista.

Bethencourt durante los meses comprendidos entre octubre de 1998 y noviembre de 1999 cobró además en condición de diputado regional 1.120.000 pesetas (6.731 euros), pero, según el tribunal, no consta la existencia de incompatibilidad para la percepción de dichas cantidades y las recibidas del Ayuntamiento.

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